El juez supremo Juan Carlos Checkley solicitó inhibirse de llevar el caso de Juan José Santiváñez, por el presunto delito de abuso de autoridad, porque identificó que el abogado Luis Miguel Reyna Alfaro, quien lo defiende en una investigación preliminar en su contra, también, forma parte del Estudio Caro & Asociados que dirige la defensa del ministro del Interior.
"Me inhibo de intervenir en los casos en los que se encuentre como investigado Juan José Santiváñez Antúnez y esté patrocinado por el Estudio Caro & Asociados", resolvió el juez Checkley en el auto de inhibición presentado.
Auto de inhibición presentado por el juez supremo. Foto: Poder Judicial
Según explicó el juez supremo, al revisan el expediente del caso, identificó que la "defensa del investigado Santiváñez Antúnez la ejerce el Estudio Caro & Asociados, en el que también participa como socio el abogados Luis Miguel Reyna Alfaro", quien lo defiende en una investigación preliminar en la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos.
Para sustentar su pedido, el juez supremo explicó que la inhibición garantiza la imparcialidad judicial. "El objetivo es alejar del proceso a un juez que, aun revistiendo las características de ordinario y predeterminado por la ley, estaría incurso en ciertas circunstancias en orden a su vinculación con las partes o con el objeto del proceso", argumentó.
Auto de inhibición presentado por el juez supremo. Foto: Poder Judicial
La decisión causó la indignación del abogado de Junior Izquierdo, José Carlos Mejía Chávez, pues Checkley comunica su decisión el mismo día en que el Poder Judicial debía evaluar si autoriza o no el peritaje de los dispositivos entregados por el capitán PNP Izquierdo y que incluyen presuntas conversaciones con el actual titular del Mininter.
Mejía Chávez resaltó que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tenía conocimiento de que el Estudio Caro & Asociados representaba al ministro en el caso de presunto abuso de autoridad contra su cliente desde el 23 de septiembre, fecha en la que se reprogramó la audiencia de requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Al ser consultado por La República, el abogado Mejía Chávez presentó su molestia ante la postura del juez. "Denuncio públicamente que el juez tomó conocimiento el lunes 23 de septiembre que el Estudio Caro & Asociados tomó la defensa de Santiváñez. ¿Por qué no solicitó inhibirse en ese momento? ¿Por qué esperar hasta el 15 de octubre? El recién ha informado de su decisión una hora antes de que se desarrolle la audiencia que él mismo reprogramó", declaró.
"Si él hubiera informado las cosas antes, no se dilataría esta investigación. El 26 de agosto salió en todos los medios de comunicación que el Estudio Caro iba a liderar la defensa de Santiváñez. ¿No ve televisión? Me genera suspicacia que el juez haya esperado más de un mes para informar su inhibición", agregó.
Ante esta dilatación del proceso, el letrado teme que la defensa de Santiváñez pida que se concluya la investigación preliminar. "Vamos a demorar un promedio de 60 días hasta que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema apruebe o no la inhibición del juez. Se va a perder tiempo y el único beneficiado es Santiváñez. Luego, el Estudio Caro puede pedir que se concluya la investigación preliminar porque ya han pasado tantos meses y el Ministerio Público no ha hecho nada con el material que se le entregó", anotó.