Fujimorismo critica que la inseguridad está fuera de control, pero blindan a Juan Santiváñez desde el Congreso

El partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, ha emitido un comunicado donde critica que la situación en el país está fuera de control y exige al gobierno "mano dura" y "medidas concretas" para enfrentar la inseguridad ciudadana; sin embargo, en el mes de septiembre se opusieron a que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez sea interpelado por su manejo de esta problemática.

"El gobierno de la presidente Boluarte declara estado de emergencia en distritos como Ate, pero, a pesar de esto, ayer un maestro de escuela de dicho distrito fue asesinado a sangre fría frente a sus estudiantes y la única reacción del Poder Ejecutivo fueron las vergonzosas arengas populistas de un ministro durante su visita al colegio donde ocurrió el trágico incidente", se lee en el comunicado.

En declaraciones para La República, el politólogo Diego Quevedo, comentó sobre lo expuesto por Fuerza Popular en su comunicado y su relación con el panorama en el Congreso.

PUEDES VER:Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

"El comunicado de Fuerza Popular es una contradicción, ya que no quieren derogar leyes que claramente han incrementado la cantidad de delitos, principalmente de extorsión y sicariato, y esto tiene como consecuencia que los delincuentes vean a Fuerza Popular como una clase política que usa argucias legales para tener impunidad, entonces se ven legitimados con leyes que terminan favoreciéndolos (...) el comunicado también habla de un lamentable hecho en Ate y hay que recordar que en ese distrito se encuentran en estado de emergencia y ahí hay una responsabilidad directa del ministro por no tener operativos que solucionen de manera inmediata el problema del sicariato y extorsión", señaló.

Por su parte, la politóloga, Crysteri Hidalgo Ruiz, señaló cuál es el papel que cumple el fujimorismo en la lucha contra la inseguridad ciudadana y las medidas cuestionables que han aprobado en perjuicio de la población.

"Yo considero que tienen un trabajo de doble cara, creo que hay hipocresía política . Por un lado, crean y apoyan leyes que debilitan la persecución del delito y el sistema de justicia, no censuran al Ejecutivo como debe ser y por otro lado, emiten comunicados haciéndose los indignados por esta creciente ola de extorsión. Hace unos minutos han publicado en sus redes, criticando las acciones del Poder Ejecutivo y encima exigen al Ministerio Público acciones concretas y de qué sirve que emitan ese pronunciamiento si no tienen voluntad política para censurar al ministro Santiváñez, son la segunda fuerza política pero aprueban leyes que los protegen pero no toman medidas necesarias que pueden hacer desde sus funciones constitucionales y no lo van a hacer porque el fujimorismo no representa a la ciudadanía", enfatizó.

Fuerza Popular apoya leyes que debilitan la persecución del delito

El partido Fuerza Popular ha apoyado siete leyes que debilita la persecución de del delito que incluye la ley 32108, que beneficia al crimen organizado, la ley 31990 que afecta la colaboración eficaz y la ley Soto.

PUEDES VER:Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

La ley pro crimen organizado fue impulsada por Waldemar Cerrón, de Perú Libre. Patricia Juárez, Martha Moyano y Jorge Morante de Fuerza Popular no votaron a favor pero tampoco votaron para rechazar la ley. Por otra parte, ya en el Pleno, los fujimoristas como Rosangella Barbarán, Ernesto Bustamante, César Revilla, Fernando Rospigliosi y Cruz Zeta, apoyaron con sus votos, otros 14 miembros optaron por abstenerse a votar.

En cuanto a la ley 31990, que debilita los plazos de los procesos de colaboración eficaz en la Comisión de Justicia , fueron cuatro los fujimoristas quienes votaron a favor de esta norma. En el Pleno, diez miembros de Fuerza Popular respaldaron la ley.

La ley Soto que modifica los plazos de prescripción, tuvo el apoyo de Fuerza Popular, cuyos miembros votaron a favor en la Comisión de Justicia y sumaron diecisiete votos en el pleno. Además respaldaron con veinte votos la ley 32104, que obliga a los jueces a aplicar la ley Soto. Y con 21 votos para la ley 32054, que exime a los partidos de responsabilidad penal, que es de especial interés para Fuerza Popular por el Caso Cócteles.