El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presentó un nuevo proyecto de ley que involucra a Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, y Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial. La reforma legislativa 8694-2024 fue ingresado el día de ayer en horas de la tarde.
Esta propuesta busca modificar la Ley N° 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, el Decreto de Ley N° 767, Ley Orgánica del Poder Judicial, el Decreto de Ley N°52 y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
No obstante, esta iniciativa del parlamentario tiene otro objetivo: concluir funciones de los jueces supremos que hayan pasado por la Corte Suprema, Poder Judicial y fiscales que hayan alcanzado el cargo máximo del Ministerio Público. Esto está detallado en las disposiciones complementarias de este documento.
"A la promulgación de la presente Ley los jueces supremos que han ocupado el cargo de presidentes de la Corte Suprema y Presidentes del Poder Judicial concluyen sus funciones como juez supremo... La promulgación de la presente Ley los fiscales supremos que han ocupado el cargo de Fiscal de la Nación concluyen sus funciones como fiscales supremos", se lee.
Asimismo, propone que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, o el que haga sus veces, selecciones a los jueces y fiscales supremos que cubrirán las plazas vacantes.
Congreso presentó nuevo proyecto.
A pesar de que en sus disposiciones complementarias finales señalan como serán elegidos los próximos titulares de las entidades estatales, estas se contradicen. El proyecto de ley señala que el presidente de la Corte Suprema será el juez supremo con mayor antiguedad; no obstante, también propone que la Junta Nacional de Justicia lo seleccione.
"El juez supremo titular con mayor antigüedad asume la presidencia de la Corte Suprema, juramenta anta la Sala Plena de Jueces Supremos Titulares. El periodo en la presidencia de la Corte Suprema es por dos años, al culminar la presidencia en la Corte Suprema también se generara el cargo de Juez Supremo", se observa.
Este no es el único proyecto de ley que se viene impulsando desde el Congreso en contra de jueces y fiscales.
El vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Waldemar Cerrón, ha propuesto la creación de la Comisión de Fiscalización de Jueces y Fiscales, con la finalidad de investigar y sancionar los delitos cometidos por fiscales y jueces.
Sin embargo, el abogado César Azabache ha expresado su preocupación, señalando que esta propuesta podría atentar contra la independencia judicial y la autonomía de las fiscalías. Azabache ha instado a denunciar este hecho ante las Naciones Unidas y el sistema interamericano.
El congresista por Junín ha respaldado su propuesta mencionando una encuesta realizada por Datum en marzo de este año, donde se revela que el 85% de los peruanos no confía en la Corte Suprema de Justicia, considerándola un organismo "corrupto". Es importante destacar que, para la misma fecha, el parlamento tenía una desaprobación del 75%.
Es relevante mencionar que, de los 130 congresistas que integran el Poder Legislativo en la actualidad, 80 se encuentran bajo investigación por delitos o con sentencias, como es el caso de Luis Picón.