Un Congreso contra los derechos humanos

El actual Congreso destaca por iniciativas que contravienen los derechos humanos en las que persiste, pese a varias advertencias que vienen desde la comunidad internacional y organizaciones especializadas, y a la desaprobación de la gran mayoría de la población.

La denominada “Ley de amnistía”, que busca evitar que se sancionen delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio del 2002, fue aprobada por el pleno del Parlamento y espera una segunda votación, pese a que el Tribunal Constitucional sentenció en 2011 que esos crímenes son imprescriptibles y a pronunciamientos desde las Naciones Unidas.

Esta propuesta fue dada por las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular.

Sus impulsores persisten en buscar su aprobación en una segunda votación, pese a que siguen las preocupaciones de organismos internacionales y nacionales y que se supo que un 71% de los peruanos rechaza esta propuesta de ley, según reciente encuesta de Ipsos.

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En cartera del Congreso hay otras iniciativas que contravienen los derechos humanos.

El proyecto que “propone declarar de interés nacional la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” apunta al corazón de la protección a los derechos fundamentales en el continente. Salir de estos organismos nos traería gran vulnerabilidad.

Esta iniciativa, que agrupa propuestas de las bancadas de Acción Popular, Renovación Popular, Perú Libre y Avanza País, ya es dictamen, es decir, espera pasar al pleno para su debate y votación. En marzo, fue aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento.

Otro dictamen plantea establecer el delito de terrorismo urbano y acumula proyectos de los congresistas Juan Burgos (Podemos Perú), Pedro Martínez (no agrupado) y las bancadas de Avanza País, Somos Perú, Unidad y Diálogo Parlamentario, Alianza para el Progreso, Perú Libre, otro texto de Podemos, la Municipalidad de Lima y otros municipios. Tiene el riesgo de volver a los jueces sin rostro, como aparece en el formula que presentó Burgos.

Fue aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y espera pasar al pleno

También tiene dictamen las propuestas que apuntan a “reconocer el derecho de los padres de familia a elegir la educación sexual que reciben sus hijos”, que dejaría sin acceso a esta formación a muchos escolares, según han advertido varias organizaciones especializadas.

Es una propuesta de Renovación Popular. Su autora principal es la congresista Milagros Jáuregui, conocida activista ultraconservadora y pastora de un grupo de esa misma línea.

Al ser dictamen, también espera pasar a pleno para su debate y votación.

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Aún en comisiones hay propuestas contrarias a los derechos humanos como las que buscan regular el uso de la fuerza por la Policía, que apunta a mayor impunidad ante abusos; reducir la edad de la responsabilidad penal, que aumenta riesgo para los menores; y varias normas que atentan contra los avances en derechos de la mujer y varias minorías.

“Varias propuestas buscan debilitar investigaciones penales en curso; otras afectan derechos de salud sexual reproductiva, como la ley de derechos del concebido o del niño por nacer. Otras iniciativas impactan en derechos de poblaciones indígenas, al no considerar el derecho a la consulta previa legislativa, como la ley antiforestal o las ampliaciones del REINFO sin tomar en cuenta efectos que ya enfrentan las comunidades indígenas”, dice la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

"Esta situación se produce por distintos factores que se potencian entre sí. No existen partidos políticos con vida institucional, basados en programas políticos y el bien común, militancia y ciudadanía deliberante a la cual rindan cuentas; quienes lo integran expresan tendencias autoritarias que no reconocen sus límites como actores de un modelo de democracia representativa basada en pesos y contrapesos, por eso se llaman a sí mismos 'primer poder del Estado', cuando son solo uno más de los poderes; presencia de exmiembros de las fuerzas armadas en distintas bancadas, quienes por edad, durante la época del conflicto armado interno estuvieron en el frente, vinculados a casos o situaciones de violación de derechos humanos; entienden a la comunidad internacional como una injerencia en la soberanía nacional, cuando la actuación de los órganos de los tratados, comités monitores y cortes internacionales son producto de la actuación soberana de los estados puestos de acuerdo", comentó Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Cordinnadora Nacionnal de Derechos Humanos (CNDDHH.

" Y porque, en la práctica, sobre la base de las modificaciones constitucionales, se han convertido en un súper poder sin control de las otras instituciones, por ejemplo, ni siquiera el juez constitucional puede ordenar que se abstenga e redactar y aprobar determinada iniciativa legislativa que se considera inconstitucional. En algunos casos, también por desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y los principios que lo rigen", agresgó.

“También hay propuestas que merman la actuación independiente de las entidades del sistema de justicia y del Ejecutivo, como quitarle competencias de investigación a la Fiscalía, o prohibir que el Poder Judicial dicte prisión preventiva a policías que usen su arma reglamentaria. El avance de estas propuestas es incentivado por el silencio del Gobierno que ha decidido no defender ninguna autonomía ni pelear por equilibrio de poderes”, añade.

“El Congreso está perdiendo su capacidad de ser contrapeso al aprobar proyectos que erosionan más nuestra democracia, como la prescripción de crímenes cometidos antes del 2002, y terminar con la posibilidad de sanciones que corresponden a actores políticos o militares comprometidos. También hay propuestas para interferir en elecciones y en el sistema de justicia”, opina la comunicadora y politóloga Iris Jave, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica (Idehpucp).

“Estas medidas colaboran con un progresivo autoritarismo. Esas afectaciones están erosionando el sistema democrático, sobre todo pensado desde la ciudadanía”, agrega.

Delegación a la Corte Penal

Mientras avanzan iniciativas contrarias a los derechos humanos en el Perú, el gobierno se alista para enviar una delegación a la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos, luego de que la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Aprodeh entregaron a la Fiscalía de ese tribunal internacional documentación sobre la muerte de manifestantes en la represión de las protestas del 2022 y 2023 y pidieron abrir investigación.

“Estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes de este alto tribunal y presentar preliminarmente la posición del Estado peruano respecto a estos hechos”, dijo el primer ministro Gustavo Adrianzén, a la prensa, este miércoles 26.