Boicot congresal contra funciones de la Fiscalía
Contraataque. Buscan trasladar la investigación operativa a los policías, lo cual restaría a las funciones de los fiscales. Boluarte podría ejercer control desde el Ministerio del Interior. También pretenden favorecer a investigados por organización criminal.
En un contexto en el que se intensificaron las acciones del Ministerio Público en investigaciones por presunta corrupción cometida por actores políticos nacionales, el Congreso comenzó a promover normas que impactan directamente las funciones de los fiscales y debilitan la tipificación de ciertos delitos graves.
Ayer, la Comisión de Justicia, que preside el partido Perú Libre del prófugo Vladimir Cerrón, aprobó un dictamen para devolver a la Policía la ejecución operativa de las investigaciones; de esa forma, se restan competencias al Ministerio Público.
Se trata de la modificación de un combo de 32 artículos del Código Procesal Penal, con el maquillaje de dar celeridad a los procesos penales. Una porción de la argumentación utilizada ayer por parte de los congresistas fue la lucha contra la inseguridad.
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Sin embargo, en el fondo, el Congreso busca disminuir las funciones del Ministerio Público y ahora los policías tendrían un rol preponderante en la ejecución de las investigaciones, incluyendo en casos de corrupción cometidos por los políticos, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda tener injerencia e intromisión, a través del Ministerio del Interior.
En buen cristiano, el régimen actual de Dina Boluarte podría tener mayor poder y control sobre el personal policial; algo que ya han pretendido hacerlo y prueba de ello es el reciente desmantelamiento del equipo policial de apoyo a las investigaciones fiscales.
Fueron pocas las voces que se opusieron a esta modificación en el grupo de Justicia. Es el caso de la exfiscal de la Nación Gladys Echaíz y Ruth Luque.
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Por lo demás, la modificación fue aprobada con 16 votos a favor; la mayoría de votos fue de Fuerza Popular (5) y Perú Libre (3), y se sumaron Alianza para el Progreso, el Bloque Magisterial, entre otros.
Retroceso
Consultado sobre el tema, el penalista Jorge Zúñiga advierte que estamos ante un retroceso que, además, sería inconstitucional. Esto debido a que la Policía depende del Ejecutivo. Es decir, otorgarle funciones determinantes a los policías que dependen de Palacio afecta la autonomía del Ministerio Público.
“Desde mi perspectiva, no resulta ajustado a derecho, en tanto que la Constitución le otorga autonomía al Ministerio Público. Entonces, esa autonomía se quiebra cuando finalmente se asigna esas tareas a la Policía Nacional, que depende del Ejecutivo”, comenta.
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La criminalidad
Por otro lado, el Pleno del Congreso sometió ayer a votación una serie de modificaciones a la ley contra el crimen organizado, incluyendo la limitación al tipo penal para sancionar solo hechos en los que se generó un beneficio económico.
Es decir, si se cometen otros hechos delictivos en forma organizada sencillamente ya no serían sancionados en los términos de organización criminal.
El dictamen también incluye trampas para boicotear los allanamiento. El texto precisa que en estos actos necesariamente debe estar el interesado, situación que puede ser más bien causal para evitar el desarrollo de las diligencias.
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El autor del proyecto es Waldemar Cerrón. El texto de momento no alcanzó los votos en el Pleno; pero desde ya la situación pone en evidencia la arremetida del Congreso contra la Fiscalía y el sistema de justicia.
Y aprueban eliminación de movimientos
El Pleno del Congreso también aprobó anoche una reforma constitucional de contrabando para eliminar del mapa a los movimientos regionales.
Fue durante la aprobación de la reforma para el retorno a la reelección de los alcaldes y gobernadores. Ayer, Martha Moyano incorporó una modificación adicional para anular a los movimientos regionales.