Informes de congresistas delegados enviaron al archivo casos importantes

En este Congreso varios casos importantes quedaron archivados o paralizados porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y la Comisión Permanente aprobaron informes de los ponentes que recomendaban no denunciarlos.

El procedimiento es el siguiente: cuando una denuncia constitucional contra un alto funcionario es declarada procedente, la SAC designa un legislador delegado para que elabore el informe final. Luego de las audiencias, el ponente presenta su informe en el que propone los delitos por los que es posible acusar al denunciado.

Sin embargo, también hay ocasiones en los que recomienda archivar la investigación. Eso evita que el Ministerio Público pueda acusar. Eso ocurrió con algunos casos relevantes.

El caso Inti y Bryan

El 18 de junio del 2022 la Subcomisión aprobó el informe final del congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, quien concluyó no acusar al expresidente Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas contra el Gobierno en noviembre del 2020.

La propuesta de Cavero recibió luz verde luego en la Comisión Permanente.

Blindaje a Becerril

El 13 de diciembre del año pasado, la SAC acogió el informe final del congresista de Somos Perú, José Jerí, quien apostó por exculpar al excongresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril en una denuncia constitucional por el caso Los Temerarios del Crimen. El 15 de febrero, la Permanente ratificó esa decisión. 

Presunto recorte de sueldo

El 2 de febrero último, la Subcomisión aprobó no acusar a la congresista de Alianza para el Progreso (APP) Magaly Ruiz por presunto recorte de sueldo. La autora del informe final que concluyó que no había elementos para investigarla fue la legisladora del Bloque Magisterial Elizabeth Medina.

El 24 de marzo, la SAC también avaló el informe final del congresista de Fuerza Popular Juan Carlos Lizarzaburu, quien recomendó no denunciar a su colega de Alianza para el Progreso (APP) María Acuña por presunto recorte de sueldo. 

Retroceso

Hay otros casos que fueron encarpetados sin llegar siquiera a su etapa final.

El 8 de mayo del año pasado, la Secretaría Técnica de la Subcomisión, que preside la legisladora de APP, Lady Camones, declaró improcedente una denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por las muertes en las protestas contra este Gobierno. El argumento fue que no había razón para continuar con este proceso debido a que el Ministerio Público ya investiga esos hechos.

Congresistas retroceden en acusar a Digna Calle

El Congreso también ha pasado por alto que la legisladora de Podemos Perú Digna Calle haya permanecido ocho meses en Estados Unidos. Calle fue denunciada el año pasado por sus colegas de Avanza País Rosselli Amuruz y de Perú Libre Kelly Portalatino, quienes pedían un juicio político para inhabilitarla de la función pública.

Este caso estaba a punto de entrar a su etapa final. El congresista de Perú Libre Isaac Mita había sido elegido como delegado para presentar el informe final. Sin embargo, Amuruz y Portalatino retiraron las denuncias.

La presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, explicó que la Comisión Permanente es la que tiene la última palabra luego de que en la SAC se aprobó el pedido de las congresistas. “Se verá el 10 de abril como fecha probable”, dijo a este diario.

A salvo

Salió airosa. El 5 de diciembre del 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final del congresista Edgar Reymundo, quien recomendó no acusar a la entonces ministra y vicepresidenta Dina Boluarte por el caso Club Apurímac. La Permanente mandó al archivo la acusación.