Un testigo. Consecuencias múltiples. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, encargó al área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de su despacho, a cargo del fiscal supremo adjunto Luis Germaná Matta, revisar las declaraciones que el testigo Jaime Villanueva ofreció a la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción.
Tras esa revisión, que lleva por nombre técnico “diligencias preliminares”, se decidirá si la declaración de Villanueva ofrece información real y verificable de actos de corrupción, si estos no han prescrito y si existe una mínima evidencia que permita el inicio de una investigación preliminar.
Las diligencias preliminares tendrán una duración de 20 hasta 80 días. Dentro de ese plazo, caso por caso, el doctor Germaná proyectará una resolución para que Villena Campana decida si dispone el inicio de una investigación o, en caso de descartarla, ordene que los antecedentes pasen al archivo.
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Estas investigaciones serán sobre hechos distintos a los que ya viene investigando la doctora Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
La fiscal Delia Espinoza investiga a Patricia Benavides por delitos de organización criminal, falsedad ideológica, cohecho, tráfico de influencias y encubrimiento por un presunto canje de favores con congresistas de Fuerza Popular y otros partidos políticos.
Además, por la separación de la fiscal Bersabeth Revilla, la inhabilitación de Zoraida Ávalos, el nombramiento del defensor del Pueblo, el constante cambio de los fiscales del caso Cuellos Blancos del Puerto.
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En esta investigación, a cargo de la fiscal Espinoza, serán incluidos los congresistas Alejandro Soto, Martha Moyano, Patricia Chirinos, José Balcazar y Patricia Juárez, entre otros, mencionados por Villanueva en sus declaraciones del 24 y 30 de enero.
Además, sobre el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ya hay una investigación preliminar en trámite, junto con Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, por la existencia de una fábrica de troles financiada desde el Parlamento. Esta investigación ha sido declarada compleja.
Según Villanueva, Soto le pidió a Patricia Benavides ayuda para archivar este caso, a cambio de apoyarla en el Parlamento. Este nuevo hecho de apoyo está en conocimiento de la fiscal Espinoza.
Por estos antecedentes, los nombres de los mencionados congresistas no aparecieron en el comunicado que emitió el despacho del fiscal de la Nación el 15 de febrero último. Ellos ya formaban parte de una investigación por presuntos hechos ilícitos conocidos con anterioridad; en tanto, la nueva investigación se refiere a eventos recién conocidos.
El fiscal de la Nación también ha dispuesto derivar las declaraciones de Villanueva para investigar a otros personajes, como el fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, a otras Fiscalías supremas y superiores.
Esas Fiscalías, aún no definidas, deberán establecer si hay algún indicio de ilicitud en las relaciones de Pérez con el periodista y director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, en las investigaciones por el caso Cócteles a Keiko Fujimori y Fuerza Popular, y al expresidente Alan García y Odebrecht.
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Un hecho complejo donde está en juego la libertad de prensa, búsqueda de información, difusión de información y el secreto de las fuentes periodísticas, pero que aparentemente el fiscal de la Nación ha querido dejar en otras manos.
Sin embargo, el fiscal de la Nación sí incluye en el comunicado al fiscal superior y coordinador del caso Lava Jato, Rafael Vela, también mencionado por Villanueva en las relaciones Pérez-Gorriti, por lo que por el principio de unidad de investigación también debió incluir al fiscal provincial.
Salvo que el fiscal de la Nación crea que en esa relación del equipo especial con la prensa no hay delito, pero no quiere ser el que se pronuncie. El comunicado no da detalles de los hechos que serán materia del análisis en el área de enriquecimiento ilícito y qué hechos se han derivado a otras Fiscalías.
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Villanueva involucra a Rafael Vela en otros eventos, que sí serán evidentemente de conocimiento del despacho del fiscal de la Nación. Un caso es el de la supuesta reunión con la congresista Ruth Luque y el prófugo Vladimir Cerrón para no incluir al expresidente Pedro Castillo en el caso Los Dinámicos del Centro, y la relación con Patricia Benavides y el abogado Óscar Nieves para tampoco incluir en dicho proceso a la presidenta Dina Boluarte.
La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se enfrenta a la posibilidad de que se amplíen los cargos en su contra. Villanueva ha señalado la relación del abogado de la presidenta Boluarte, Óscar Nieves, con Patricia Benavides, vía el fiscal Marco Huamán.
Sentimientos. La fiscal suprema Zoraida Ávalos deberá aclarar los sentimiento de Martín Vizcarra. ¿Cómo probar? Foto: difusión
Además, se evaluará si hay algo de cierto en que Patricia Benavides y el exfiscal de la Nación y fiscal supremo Pablo Sánchez, según Villanueva, se pusieron de acuerdo para beneficiarse mutuamente de resoluciones fiscales.
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Benavides habría archivado una investigación contra Sánchez, mientras que este archivaba una investigación contra el hijo del exfiscal de la Nación. La investigación a Pablo Sánchez y su hijo tiene que ver con una interpretación errónea de la Ley 30225 que prohíbe a un funcionario público que sus familiares contraten con instituciones de las que son parte.
Sánchez ha soportado esa investigación contra él y su hijo sabiendo que no había otro resultado que archivarla. El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial ya han sentenciado que hay una interpretación de esa norma que viola una serie de derechos constitucionales.
La fiscal Zoraida Ávalos deberá aclarar por qué el expresidente Martín Vizcarra, según Villanueva, se sentía más empoderado en su gestión. ¿Cómo Villanueva podía conocer los sentimientos de Vizcarra? ¿Cómo se mide el sentimiento de empoderar?
Suprema. Martha Moyano será investigada por la fiscal Delia Espinoza. Foto: difusión
La declaración de Villanueva tiene algunos ridículos que no hay forma de probarlos, dicen los involucrados. Lo mismo sucede con la supuesta negociación entre el entonces fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, y el entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Pablo Talavera, para la destitución de Carlos Ramos Heredia.
Ramos Heredía estaba acusado de proteger al exgobernador regional de Áncash César Álvarez y había un clamor ciudadano para terminar con esa alianza. De hecho, tras la destitución de Ramos, César Álvarez pudo ser investigado, juzgado y condenado por el asesinato de Ezequiel Nolasco.
La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó iniciar diligencias preliminares contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el congresista de Perú Libre José Balcazar por el presunto delito de cohecho en agravio del Estado peruano.
“Los hechos en cuestión revelan presuntas negociaciones de votos y promesas de cargos judiciales a cambio de beneficios particulares, lo que supone una violación de los principios legales que rigen la función pública”, indica la Procuraduría.
De acuerdo con Villanueva, Benavides intentó presionar a una fiscal de Chiclayo para que archive una investigación a Balcazar. La fiscal de Chiclayo se negó.