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Política

Procuraduría solicita inicio de investigación contra Benavides tras declaraciones de Villanueva

Pedido se da en el marco de la investigación seguida por el Ministerio Público. La suspendida fiscal de la Nación será investigada junto a congresista José Balcázar.

Benavides es sindicada como la cabeza de presunta red criminal enquistada en el Ministerio Público. Foto: Andina
Benavides es sindicada como la cabeza de presunta red criminal enquistada en el Ministerio Público. Foto: Andina

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó iniciar diligencias preliminares contra la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, y el congresista de Perú Libre, José Balcázar, por el presunto delito de cohecho pasivo propio y cohecho pasivo genérico en agravio del Estado peruano. La solicitud fue efectuada por el titular de la PGE, Javier Pacheco, en el marco de la de la investigación seguida por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, tras las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva.

Entre los argumentos de Pacheco para presentar la solicitud está el presunto intercambio ilícito de favores y decisiones judiciales. La PGE sostuvo: "Los hechos en cuestión revelan presuntas negociaciones de votos y promesas de cargos judiciales a cambio de beneficios particulares, lo que supone una violación de los principios legales que rigen la función pública". Asimismo, entre los elementos de convicción se mencionan testimonios y documentos oficiales. El memorándum N.º 0038-2024-JUS/PGE-PG fue remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

¿Cuál es el vínculo entre José Balcázar y Patricia Benavides?

Los vínculos entre el congresista de Perú Libre y Patricia Benavides se centran en acusaciones sobre presiones y favores dentro del sistema judicial peruano. Una investigación reveló que los asesores de Benavides, incluido Jaime Villanueva, realizaron gestiones para favorecer a la entonces fiscal de la nación. A cambio, se habría comprometido a archivar investigaciones​​.

En el caso específico de José María Balcázar, se menciona que la suspendida fiscal habría aceptado la condición del parlamentario de interceder y usar sus influencias para confirmar el archivo de una investigación por apropiación ilícita en Lambayeque, a cambio de que este no respaldara denuncias constitucionales contra ella​​. Además, se señala que Balcázar solicitó a Benavides, a través de su exasesor Villanueva, la promoción de su nuera Scarlett Gálvez Campos como fiscal en el Distrito Fiscal de Lambayeque, lo cual se llevó a cabo​​.

Balcázar aceptó los hechos, pero argumentó que no hubo tráfico de influencias, ya que no hubo pago de por medio y que su nuera no ejerció el cargo.

 José María Balcázar reconoció que el Congreso no tiene la aprobación del pueblo. Foto. La República

José María Balcázar reconoció que el Congreso no tiene la aprobación del pueblo. Foto. La República

Fiscalía citó a Balcázar para declarar sobre caso Patricia Benavides

En enero de 2024, dentro del marco de las investigaciones a Benavides por el presunto delito de organización criminal, Balcázar y otros tres legisladores fueron citados para que colaboren con sus declaraciones. El Ministerio Público solicitó a la Secretaría General de la Fiscalía la relación de resoluciones de dicho despacho emitidas durante la gestión de la suspendida fiscal.

En el mismo documento, se citó al actual presidente del Congreso, Alejandro Soto. Ello, debido a la moción 7565, presentada por Patricia Chirinos, y con la cual se intentaba remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuestamente haber incurrido en actos contrarios a la ley, al haber suspendido temporalmente en sus funciones a Benavides Vargas.

Es importante mencionar que, José Balcázar es investigado por tres delitos: apropiación ilícita relacionada con el Colegio de Abogados de Lambayeque, falsa declaración en procedimiento administrativo por no reportar ingresos en su hoja de vida de candidato congresal, y desobediencia a la autoridad por incumplir un mandato del Tribunal de Transparencia durante el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Además, en 2022 contrató a un juez que había fallado a su favor en una querella.