La Corte Suprema de Justicia ordenó la paralización del proceso judicial por el caso de las esterilizaciones forzadas que ocurrieron durante la dictadura de Alberto Fujimori en Perú. El hecho se ha registrado un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) pusiera en libertad al exdictador. Ante ello, Amnistía Internacional ha expresado preocupación por la medida debido a que consideran que es un retroceso en el proceso para la justicia de las víctimas.
"Expresamos nuestra preocupación por la decisión del PJ de devolver el expediente del caso de esterilizaciones forzadas a la Fiscalía, lo cual representa un grave retroceso en el proceso para la búsqueda de justicia y verdad de las víctimas", manifestó.
Mediante redes sociales, la organización internacional recordó que las esterilizaciones forzadas que se dieron durante el Gobierno del exdictador "constituyen crímenes contra la humanidad y, por su gravedad, y según el derecho internacional, son imprescriptibles".
Esterilizaciones forzadas se dieron en el Gobierno de Alberto Fujimori. Foto: 'X'
Inicialmente, la deuda de Alberto Fujimori con el Estado se estimaba en S/27.460.216,00, pero debido a los intereses acumulados desde su condena, ascendió a S/57.000.000,00.
La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción confirmó esta cifra y señaló que incluye los intereses por no abonar la reparación civil impuesta por el Poder Judicial por tres hechos: el allanamiento irregular de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.
A pesar de ello, el exmandatario no efectuó ningún pago y renunció a cobrar una pensión del Congreso que la Procuraduría estaba dispuesta a embargar.
Cabe recalcar que Fujimori logró obtener una pensión en la universidad Agraria, la cual no excede el límite legal para un embargo. Recordemos que el indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori no lo exime de cumplir con el pago de la reparación civil.
PUEDES VER: Alberto Fujimori: estos son los 3 magistrados que votaron a favor de liberar al exdictador
Alberto Fujimori es reconocido como un exdictador luego del autogolpe del 5 de abril de 1992, en el cual cerró inconstitucionalmente el Congreso y asumió, junto con su asesor Vladimiro Montesinos, el control total de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Por tanto, su implicancia en los delitos no está en tela de juicio. “Este tribunal declara que los cuatro cargos se encuentran probados más allá de toda duda razonable y la sentencia es condenatoria”, indicó el juez César San Martín, quien lideró el proceso.