Amnistía: en 13 casos de muertes en Juliaca, Policía habría disparado a matar

Amnistía Internacional presentó ayer en la provincia de San Román-Juliaca, su informe sobre las muertes ocurridas en enero pasado. Durante la presentación, revelaron 13 casos y otros por confirmar, en los que la Policía disparó con intención de matar a los ciudadanos de la localidad.

La organización y los familiares de los muertos y heridos, en conferencia de prensa, recordaron la violación de derechos humanos que se produjo en Puno, sobre todo, en la ciudad de Juliaca. Asimismo, se explicó que de lo analizado, se puede concluir que hubo ejecuciones extrajudiciales y muertes arbitrarias. Se indicó que se tiene evidencias que se deben investigar.

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"Hablamos de que hubo ataques generalizados hacia la población. Eso quiere decir que deben ser investigadas las autoridades de hasta el más alto nivel. Eso no solo incluye a los policías y militares, sino también civiles, es decir, ministros, el premier Alberto Otárola y la presidenta Dina Boluarte", aseguró, para La República, la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro.

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Tema racial

En el informe presentado, también se da cuenta de que los hechos se llevaron a cabo con un sesgo claramente racial, ya que el 80% de las víctimas son de pueblos indígenas, de comunidades campesinas del sur andino del Perú.

"El discurso de las autoridades y militares ha tenido un sesgo racista claramente discriminatorio. A esto, se le suma que hubo una estigmatización de la protesta y de las personas que se manifestaban, utilizando apelativos tan fuertes como que se trataba de delincuentes, terroristas o vándalos. Entonces se ha estigmatizado a las personas, y eso ha hecho que haya una escalada de violencia que tanto tenemos que lamentar", manifestó Marina Navarro.

La directora de Amnistía Internacional Perú contó que tuvieron una reunión con la presidenta Dina Boluarte en febrero, tras los primeros hallazgos.

Asimismo, indicó que actualmente han solicitado una reunión con la mandataria, para presentarle el informe completo, con todos los detalles que tienen para poner las evidencias a su disposición y a la vez entregarle más de 200.000 firmas de personas extranjeras que exigen que haya justicia en el Perú. Sin embargo, no han recibido respuesta de la presidenta hasta hoy.