Defensoría pide a la SAC que se investigue a altos funcionarios implicados en represión del 14N

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso que permita investigar, en sede judicial, a los altos funcionarios, entre expresidente y exministros, denunciados por la Fiscalía y que están implicados en la represión policial de las movilizaciones sociales de noviembre de 2020, la cual provocó las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Al respecto, la institución veladora por los derechos ciudadanos indicó que el Estado —que en ese momento estaba bajo el mando de facto de Manuel Merino— no garantizó el ejercicio pleno del derecho a la protestas. Incluso apeló a un informe suyo en el que sostiene que la Policía “hizo uso innecesario y excesivo de la fuerza (y) fuera de estándares permitidos”.

“Pedimos a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso permitir se investigue, en sede judicial, a altos funcionarios denunciados (expresidente y ministros) por la Fiscalía por sucesos ocurridos durante movilizaciones sociales de noviembre del 2020″, manifestó la Defensoría en Twitter.

“Policía hizo uso innecesario y excesivo de fuerza, fuera de estándares permitidos. Fallecidos, heridos, uso desproporcionado de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias de adolescentes, violencia hacia mujeres y ataque a nuestros funcionarios sustentan conclusiones”, agregó.

Alejandro Cavero presenta informe que encubre acciones de Manuel Merino durante marcha del 14N

Este jueves 9 de junio, el congresista de Avanza País Alejandro Cavero presentó el informe final sobre la represión a las manifestaciones contra el Gobierno de facto de Manuel Marino en noviembre del 2020, la cual provocó las muertes de los ciudadanos Inti Sotelo y Bryan Pintado, además de dejar a 78 personas lesionadas.

A pesar de las evidencias que responsabilizan al acciopopulista de las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), el parlamentario ha recomendado el archivo de la denuncia constitucional interpuesta por la ex fiscal de la nación Zoraida Ávalos en su contra.