Este martes la Comisión de Constitución podría definir el dictamen de Patricia Juárez sobre la bicameralidad. Según fuentes del Congreso, el objetivo de la mayoría de las bancadas es aprobar la reforma de forma rápida este mes y ratificarla en la nueva legislatura que se inicia en julio, sin un debate amplio y sin someter los cambios sustanciales a un referéndum ciudadano.
Y es que la reforma, al abordar la modificación de un sistema unicameral a uno bicameral, ya supone un cambio sustancial, según el constitucionalista Luciano López. Pero adicionalmente la propuesta de Juárez incluye aspectos orientados a fortalecer mucho más al Parlamento.
La carta magna vigente de 1993 no contempla la opción de que el Congreso pueda formular denuncias constitucionales contra los titulares de los organismos del sistema electoral.
Es decir, los legisladores no pueden promover denuncias por infracción constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ni quien dirige el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Pero con la reforma que impulsa este Congreso sobre la bicameralidad, ahora pretenden modificar el artículo 99 de la Constitución, para acusarlos.
De hecho, desde el Congreso han surgido voces en el sentido de poder acusar a los titulares de la ONPE y el JNE, luego de la negativa para aplicar la ley sobre las internas fuera del plazo.
Y ya con anterioridad, distintas bancadas se han empecinado en debilitar a los órganos electorales, con una narrativa nunca sustentada de un fraude.
Esta reforma tiene origen en tres proyectos. Por un lado, en su proyecto 724, Rosselli Amuruz (Avanza País) plantea incluir al JNE en el artículo 99 de la Constitución. Algo similar propone Wilson Soto (Acción Popular) en su proyecto 1708.
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Y también está Luis Aragón, de Acción Popular, quien en su proyecto 2004 plantea poder acusar a los jefes de los tres organismos; aunque en la argumentación no sustenta nada.
Sobre el tema, el secretario general de la asociación Transparencia, Iván Lanegra, ha subrayado que el diseño constitucional, al contrario, busca que estas instituciones estén lo más alejadas posibles de los intereses políticos de corto plazo.
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A pesar de la elección sin transparencia de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y el cuestionado proceso de elección en curso del defensor, el Congreso también busca acaparar la elección del contralor.
Y esto ya se encuentra plasmado en el predictamen de Juárez sobre la bicameralidad. Es decir, el Congreso buscaría aprovechar el cambio del sistema parlamentario para incorporar a la Contraloría en el grupo de instituciones cuya elección estaría en manos únicamente del Legislativo.
En este caso, la propuesta surge de dos proyectos de reforma. Uno corresponde a la legisladora Karol Paredes, de Acción Popular, y el segundo tiene como autora a la parlamentaria Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP).
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Más allá de concentrar en el Parlamento la elección del contralor, ni Paredes ni Camones contemplan aspectos sobre los principios de transparencia o meritocracia en sus propuestas.
Por otro lado, el predictamen de Juárez hace mención a un oficio de consulta enviado al contralor Nelson Shack, pero no consigna respuesta alguna.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó esta mañana suspender las elecciones primarias para comicios de 2022. Foto: La República
Luciano López cuestiona, por un lado, que el Congreso pretenda hacer cambios sustanciales a la Constitución, cuando el Tribunal Constitucional ya ha establecido que solo pueden hacer cambios parciales. “En todo caso tendrían que ratificar esta reforma con un referéndum; es decir, ir a la génesis del poder, mediante la consulta al pueblo. Es una manera de consulta al constituyente”, apunta.
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En relación con la elección del contralor o el defensor, el constitucionalista considera que seguir concentrando todo en el Congreso no es saludable. Plantea como una opción dejar el proceso de selección en manos de la Junta Nacional de Justicia y el Parlamento tomaría una decisión final a partir de una terna.
“Seguir concentrando la selección y elección en un poder político se presta al negociado y la no transparencia. No hay garantías de que el Senado realice un concurso objetivo, pues es un ente político”, advierte.
Luciano López, constitucionalista
“Hay una falta de lectura política. La ciudadanía le dijo no a la bicameralidad en el 2018. En todo caso, tendrían que ratificar esta reforma con un referéndum: consultar al pueblo, que es la génesis del poder constituyente”.
1. El Senado elegiría de forma directa a todos los miembros del Tribunal Constitucional (art. 102-A).
2. El Senado elegiría también al defensor (art. 102-A).
3. Y en adelante el Senado elegiría también al contralor general de la República (art. 102-A).
4. La Cámara de Diputados podría acusar ahora a los titulares del JNE, ONPE y Reniec (art. 99).