A trece años del Baguazo en Amazonas, el Estado no ha aprendido la lección

Han pasado trece años de aquel 5 de junio del 2009 cuando más de dos mil indígenas confluyeron en Bagua, en la zona conocida como la Curva del Diablo, región Amazonas, para exigir al gobierno de Alan García la derogación de decretos legislativos que afectaban sus derechos.

Una oscura orden de desalojo policial generó la muerte de policías e indígenas. Por este hecho fueron procesados y finalmente absueltos 53 personas, entre indígenas y mestizos.

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El juicio desnudó el injusto tratamiento que el Estado daba a los pueblos indígenas y el total desconocimiento de sus derechos. Lo lamentable es que a trece años de haberse hablado de estos temas, los gobiernos que le siguieron a García y también el actual no han hecho lo suficiente para que esta situación cambie.

El abogado Juan José Quispe, de IDL, quien acompañó a nativos y mestizos en el juicio por el caso la Curva del Diablo, sostiene que el Estado no está cumpliendo con la sentencia que también contiene derechos.

“No se hace la consulta previa a las comunidades indígenas, no se ha puesto intérprete en actos policiales, fiscales y judiciales donde participan indígenas como investigados o agraviados. No se está respetando de manera estricta la titularidad del territorio indígena. Todos estos puntos están en la sentencia de la Curva del Diablo”, refiere Quispe.

Agrega que hay derrames de petróleo en la Amazonía y el agua que utilizan las comunidades indígenas es contaminado por empresas privadas y también por Petroperú.

“Entonces, no hay un medio de protección para estas comunidades. Son ciudadanos que siguen siendo olvidados incluso por el gobierno actual. Debió haber un Consejo de Ministros Descentralizado en Condorcanqui y de un día a otro lo cambiaron y se fueron a Chachapoyas. Es decir, el Estado no quiere llegar y no llega a las comunidades. No hay una política coherente en este gobierno ni en los anteriores para mejorar la situación de los pueblos indígenas”, afirma Juan José Quispe.

Víctimas civiles

El abogado que forma parte del Instituto de Defensa Legal también enfatiza en la situación de las víctimas civiles de Bagua Grande que aún no alcanzan justicia.

Refiere que ellos no han recibido ninguna reparación de parte del Estado. Lo único que están esperando es alcanzar justicia, obtener el pago de una reparación civil por parte de oficiales de la Policía Nacional y del Estado como tercero civil responsable.

“Durante estos trece años ellos han costeado el pago de sus lesiones. John Estela Martínez cada año tiene que comprar una prótesis porque él perdió una pierna. El Estado se olvidó de ellos y el juicio no comienza a pesar de que desde el 2019 hay acusación contra seis oficiales de la PNP, entre ellos José Sánchez Farfán y Luis Muguruza Delgado”, mencionó.

En los juicios se habla en castellano

Juan José Quispe resalta la ausencia de traductores. “No hay un intérprete en los sistemas de servicio público, en las municipalidades, en el gobierno regional, en el sector salud. Solo en juicios emblemáticos hubo traductores, en los demás se está hablando en castellano. He ido a Condorcanqui, Chiriaco, Imacita, Utcubamba y no existe un intérprete en el PJ y menos en la Policía”.