La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, presentó un proyecto de reforma constitucional a fin de “restituir el Senado y la bicameralidad en el Poder Legislativo”. De acuerdo con la acciopopulista, esta modificación “permitirá mejorar la estructura, el funcionamiento y la representatividad” del Parlamento.
Sin embargo, la propuesta —respaldada por sus correligionarios— implica eliminar de la carta magna la no reelección parlamentaria (artículo 90-A), reforma que fue aprobada mediante referéndum en 2018.
“Se restablece la reelección parlamentaria, efecto de incentivar la carrera política e incentivar su profesionalización cualitativa y su renovación gradual (el porcentaje de reelección parlamentaria fluctúa alrededor del 20%)”, explica en su exposición de motivos la titular de la Mesa Directiva.
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Alva Prieto también busca reducir el campo de acción del Poder Ejecutivo frente al Legislativo al eliminar la cuestión de confianza obligatoria (artículo 130), también conocida como voto de confianza. Actualmente, esta figura es planteada ante el pleno por el presidente del Consejo de Ministros en los 30 días posteriores tras jurar al cargo.
Este no es el único cambio respecto a la relación entre el Congreso y el Gobierno. La acciopopulista propone que la cuestión de confianza solo sea “por iniciativa” del jefe del gabinete y ya no por iniciativa ministerial (artículo 132) como establece la constitución vigente.
María del Carmen Alva justifica someramente dichas modificaciones en “el marco del proceso de adecuación al sistema bicameral”. El documento no toca ni hace mención al apartado 113, referido a la vacancia presidencial, a pesar de que la administración de Pedro Castillo presentó un proyecto para que la figura de “incapacidad moral permanente” sea definida y no se preste a subjetividades.
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La propuesta de María del Carmen Alva establece que la Cámara de Diputados conste de 130 integrantes, mientras que el Senado de 30 miembros. Cada instancia contará con su propio reglamento —primará el del Congreso— y se turnarán la presidencia.
La cámara baja se encargaría de la producción de leyes y fiscalización. En cambio, el Senado funcionará como “cámara revisora e instancia ideal para determinados asuntos que requieren especializarse en el consenso, verbigracia: los nombramientos de autoridades y representantes de Estado”.
De esta manera, el Senado tendría una nueva tarea: ratificar los ascensos en las Fuerzas Armadas y la PNP, así como de los embajadores y ministros plenipotenciarios designados por el presidente.