Para superar el entrampamiento político, por Francisco Sagasti

La incertidumbre e inestabilidad política han sido constantes desde el inicio del Gobierno actual. Los reiterados errores del Ejecutivo y del Legislativo acentúan las crisis de salud, económica, educativa, institucional y de seguridad que afecta a toda la ciudadanía. La incapacidad del Gobierno para designar ministros y altos funcionarios competentes, honestos y sin cuestionamientos erosiona gravemente la gestión pública.

Decisiones del Congreso desmantelan reformas arduamente logradas, exhiben sin pudor visibles conflictos de interés, y distorsionan normas que regulan los procesos electorales y el equilibrio de poderes. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo oscilan entre confrontaciones y arreglos sospechosos que parecen responder a intereses particulares, degradan la noción de bien común, y menosprecian a la ciudadanía que los ha elegido.

Debemos encontrar salidas para superar el entrampamiento sin vulnerar el orden institucional y constitucional que, aún con defectos, nos ha permitido vivir en democracia durante el período más largo de nuestra historia. En caso contrario, la inestabilidad política, la incertidumbre económica, la corrupción y el caos administrativo tendrán consecuencias negativas para toda la población, particularmente para los más vulnerables.

Además de poner en peligro el acceso a la salud, la educación y otros servicios públicos, prolongar la crisis actual frenaría las inversiones públicas y privadas, sabotearía la generación de empleo y maneras de ganarse la vida, y nos haría perder —una vez más— las extraordinarias oportunidades que tiene nuestro país.

Un primer y menos traumático escenario para superar el entrampamiento sería que Ejecutivo, Legislativo y partidos políticos, con participación y seguimiento de la sociedad civil, asuman un mínimo de compromisos vinculantes de manera transparente, eficaz y duradera.

Recomponer el Consejo de Ministros y la administración pública con personas competentes, íntegras y sin cuestionamientos éticos, y conformar un gabinete de concertación serían compromisos mínimos del Poder Ejecutivo; no efectuar cambios constitucionales ni legales que incidan en el balance entre poderes del Estado, ni aprobar leyes que debiliten a las instituciones públicas serían la contraparte del Congreso.

Ambos deben comprometerse a no interferir en el Ministerio Público y el Poder Judicial, y a debatir y aprobar reformas políticas y electorales para fortalecer la democracia, y para mejorar la calidad de la representación política.

Estos compromisos incluirían un pacto programático con agenda acotada para fortalecer la seguridad pública y luchar contra la delincuencia, desterrar la corrupción y fortalecer la gestión pública, velar por el uso efectivo y sustentable de nuestros recursos naturales, mejorar la calidad de los servicios públicos de salud y educación, mantener la estabilidad económica y aumentar la recaudación fiscal, avanzar en la reforma del sistema de justicia, y revitalizar la descentralización.

De no materializarse esta posibilidad y continuar los conflictos estériles y arreglos subrepticios entre Ejecutivo y Legislativo, se ha planteado la idea de que una renuncia o vacancia que podrían interrumpir el período presidencial. En esa eventualidad, quien acceda a la primera magistratura debería asumir los compromisos descritos en el primer escenario. En caso extremo, un escenario de conflictos abiertos y acuerdos bajo la mesa podría llevar a una disolución del Congreso y a una convocatoria de elecciones generales.

Estoy en contra de interpretaciones de “incapacidad moral permanente” que trivializan las causales de vacancia, que deberían ser especificadas detalladamente en la Constitución. Sin embargo, no cabe ya duda de que el presidente de la República ha demostrado que no sabe distinguir entre el interés privado y el público, entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal en el ejercicio del poder político. Se está acercando peligrosamente al umbral de lo que podría considerarse como incapacidad moral.

Un acuerdo como el descrito en el primer escenario sería lo más conveniente. Sin embargo, los líderes y actores políticos actuales no han hecho gala de sensatez y respeto por la ciudadanía. Es posible que la mayoría de los actores, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, no esté dispuesta a aceptar la salida menos traumática para superar la crisis.

En caso extremo quedaría una tercera posibilidad: que la ciudadanía se organice para presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que acorte los períodos presidencial y congresal. La Ley 26300 y sus modificaciones regulan los derechos de participación y control ciudadano.

El derecho de iniciativa para la reforma de la Constitución requiere de la adhesión del 0,3% de la población electoral, unos 75.900 ciudadanos, cuyas firmas deben acompañar al texto de iniciativas de reforma. De acuerdo con los artículos 32 y 206 de la Constitución, esta iniciativa se concretaría mediante la aprobación por la mayoría absoluta de 66 congresistas y un referéndum de ratificación.

Para superar de manera efectiva el entrampamiento político en que nos encontramos y no repetir una elección que simplemente lo renueve, el proyecto de reforma constitucional debería acompañarse de propuestas para modificar la legislación electoral y sobre partidos políticos.

Aprovechando lo avanzado en esta materia, estas incluirían reelección inmediata de congresistas con un límite de dos períodos, adecuación y transparencia de los padrones de afiliados y el financiamiento de los partidos, requisitos de idoneidad moral para los candidatos, elecciones primarias con un militante, un voto supervisadas por los organismos electorales, y la eliminación del voto preferencial.

Este último escenario o posibilidad respeta plenamente el marco constitucional y el ordenamiento jurídico vigentes. Contribuiría a fortalecer la institucionalidad democrática que tanto nos ha costado lograr y aún estamos construyendo. Toma en cuenta, además, la voluntad soberana de la ciudadanía. La primera posibilidad —lograr un mínimo de compromisos vinculantes, transparentes, eficaces y duraderos entre actores políticos— sería más conveniente. Pero si no llega a concretarse, la ciudadanía tiene otra opción disponible.