“Alberto Fujimori no saldrá del país”, asegura abogado del expresidente
Elio Riera, defensa del sentenciado Alberto Fujimori, manifestó que sentencia del Tribunal Constitucional es justa, pero CIDH sostiene que afecta al derecho a justicia para las víctimas por casos La Cantuta y Barrios Altos.
El reciente fallo del Tribunal Constitucional que restituye el ilegal indulto para Alberto Fujimori realizado el 24 de diciembre de 2017, ha puesto en marcha diversas reacciones desde la sociedad civil y la comunidad internacional rechazando el beneficio para el condenado expresidente, que podría abandonar en los próximos días el penal de Barbadillo, en la DIROES.
Ante el trascendido de un próximo pedido de impedimento de salida del país contra Fujimori en el caso Pativilca (secuestro y asesinato de seis personas por el Grupo Colina, en 1992), su abogado, Elio Riera Garro, sostuvo a este diario que “Alberto Fujimori no saldrá del país, vamos a quedarnos acá e ir ganando cada caso de manera paulatina”.
Asimismo, añadió que “nos encontramos conformes con esta grata noticia. El Tribunal Constitucional ha sido respetuoso y correcto en darle mayor valor al debido proceso. El señor Fujimori es un adulto mayor, con muchas comorbilidades. Sin duda alguna, con este pronunciamiento constitucional se está haciendo justicia”.
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La votación y los sustentos de cada integrante del Tribunal Constitucional quedaron, no obstante, en la penumbra, pues no se trasmitió de forma pública y tampoco se conoció la resolución oficial que contiene los argumentos de cada tribuno.
Hasta el momento, según fuentes del TC, la resolución con los fundamentos de cada magistrado a favor y en contra de liberar a Fujimori saldría publicado, “a más tardar”, este 28 de marzo, “aunque podría salir antes”. A partir de este momento, se podría tramitar también la próxima liberación de Fujimori del penal de Barbadillo.
Fujimori sigue siendo culpable
Fujimori fue hallado culpable de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta en el 2009, por lo que fue condenado a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. La decisión, además, determinó los delitos de homicidio calificado y lesiones graves “constituyen crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional penal”. En este sentido, la restitución del indulto no borra la decisión judicial ni las graves violaciones a derechos humanos que cometió durante su gobierno.
Desde entonces, una serie de recursos fueron interpuestos para lograr la libertad del exdictador. No obstante, fue en 2017 recién que tuvo éxito un intento indirecto para que abandone prisión cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski decidió otorgarle un “indulto humanitario” a pocas horas de Navidad.
Por ese caso, en el que Kenji Fujimori habría negociado el indulto a cambio de evitar la vacancia de PPK a través de “compra de votos” y otros ofrecimientos de obras públicas en regiones, el hijo de Alberto Fujimori está enjuiciado y podría pasar 12 años en prisión junto a otros exparlamentarios de su bloque.
En octubre del 2018, tal como explicó este diario, la Corte Supremo ratificó la irregularidad de dicho indulto en una serie de puntos donde no se estableció adecuadamente el estado de salud de Fujimori, las extralimitaciones de la Junta Médica que solicitó el indulto, la “sorpresiva rapidez” del trámite en el Ejecutivo, y las flagrantes vulneraciones al derecho a la justicia y reparación de las víctimas y deudos de los casos La Cantuta y Barrios Altos.
Tras la decisión del Tribunal Constitucional, que fue definida por Augusto Ferrero Costa, la Comisión Interamericana de Derechos Humano publicó este viernes su “profunda preocupación por la decisión del TC que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la Corte Intermaricana en los casos Cantuta y Barrios Altos”.
