Los sobrinos del presidente Pedro Castillo saltaron a la palestra cuando Karelim López, la empresaria que es investigada por sus millonarios contratos con el Ejecutivo, reveló a la Fiscalía que ellos eran el puente para acceder a las licitaciones. Una investigación de Cuarto Poder ha dado a conocer que quizá estarían obteniendo favores de ciertas empresas que han contratado con el Estado.
Se trata del uso de camionetas y alquiler en un departamento de Magdalena. Cledin Vásquez Castillo fue captado entrando y saliendo del mencionado inmueble, donde también compartía junto a Fray Vásquez Castillo y por el cual se pagaba 2.800 soles mensuales.
A su vez, Gian Marco Castillo Gómez, otro sobrino del presidente, maneja un auto azul que está a nombre de Leslie Narváez Rodríguez, dueña de dos empresas que han ganado contratos con el Estado en el Gobierno de Castillo.
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La primera es Limpieza Pacífica SAC, que va facturando cerca de 67 mil soles desde el inicio de esta gestión, y la segunda es Grupo Terrazo, que actualmente tiene un contrato por 140 mil soles con el Estado.
Narváez dijo que el vehículo era responsabilidad de su esposo Eder Vásquez Terrones, quien no quiso dar ninguna respuesta, según informó Cuarto Poder.
En tanto, el dueño de la camioneta visitó, conforme al registro de Transparencia, los despachos de los congresistas José Jerí de Somos Perú, Carlos Alva de Acción Popular, Enrique Wong de Podemos Perú y Diego Bazán de Avanza País, quienes informaron que las reuniones fueron de carácter personal.
La investigada López Arredondo ha señalado que los sobrinos presidenciales integran una red de corrupción, y que el empresario Zamir Villaverde “les entrega las camionetas”.
“El rol de ellos es de permitir el acceso hacia el Presidente a que se construyan, aparentemente, estos negocios ilícitos en el MTC y en el Ministerio de Vivienda”, refirió.
A su vez, Fray Vásquez Castillo usaba una de estas camionetas con la que se lo ha visto llegar a la casa de Sarratea. Como se informó, él está siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos, pero su hermana Vilma Vásquez, quien supuestamente vive con él en el Asentamiento Humano Kilómetro 200, en el Callao, consideró que la acusación no tiene fundamento, pues él no tendría dinero.
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Respecto a la vivienda de Magdalena, quienes hicieron el contrato de alquiler no es ninguno de la familia de Castillo, pese a que los sobrinos vivían ahí. Uno de los firmantes es Jhonny Jean Pierre Alata Delgadillo de 26 años, quien, acorde a su familia, vive en Chanchamayo.
El otro es Victor Chuquiyuri Castro de 36 años y el último contratante es Jober Capcha Panduro, otro joven de 26 años, que figura en las cámaras de seguridad del inmueble y que solo ha llegado contadas veces.