Comunidades de San Pedro de Coris reclaman venta de la mina Cobriza

La comunidad de San Pedro de Coris en Huancavelica está en pie de lucha buscando que de una vez por todas se venda la mina Cobriza, una de las minas subterráneas más mecanizadas del país, que pertenece, junto con el Complejo Metalúrgico de La Oroya, a la empresa Doe Run Perú.

Con este propósito, la alcaldesa de San Pedro de Coris, Yanet Meza, y un grupo de comuneros se encuentran en Lima, ya que existe la posibilidad de que la próxima semana la mina pueda ser vendida.

“San Pedro de Coris es una comunidad sui géneris en el Perú, pues a diferencia de otras comunidades, si apoyamos la minería, los comuneros saben que es una fuente de riqueza y desarrollo”, dice.

Aunque Doe Run se declaró en quiebra, y desde hace 10 años se encuentra en un proceso concursal, recién hace dos años la mina dejó de operar. Su producción permitía que se siguiera pagando los sueldos a los extrabajadores de Doe Run en La Oroya, pero ya no puede seguir operando. Debe ser vendida.

“Antes éramos más de 10.000 comuneros, ahora apenas somos 5.000. Muchos han emigrado, no hay mercado agropecuario, faltan colegios y hospitales, no tenemos canon. Nuestro presupuesto anual es bajísimo para nuestras 11 comunidades”, explica Meza.

Añade que lo que más le preocupa es que ante la falta de oportunidades de trabajo, ahora los jóvenes miran el narcotráfico como una posibilidad real de subsistencia. Por este motivo, la venta de la mina Cobriza se ha convertido en una necesidad de vida para ellos.

El año pasado los acreedores de Doe Run aprobaron que la mina Cobriza y el Complejo Metalúrgico se vendan por separado. Eso atrajo el interés de inversionistas de todo el mundo, por lo que habría la posibilidad de una venta real de la mina, asegura.

Pero en Lima, la alcaldesa ha encontrado un panorama preocupante. El exliquidador Alta Sierra Asesores y Consultores, representada por Luis Sierra Alta, pretende que se apruebe un convenio de alquiler de la mina a Corporación Minera Cobriza, formada por el secretario del sindicato de trabajadores de la Oroya, Elvis Yupanqui, con el apoyo el delegado ante la junta liquidadora, Luis Castillo Carlos.

Además, han pretendido extraer 600.000 toneladas de cobre sin cumplir con las autorizaciones legales de funcionamiento y uso de explosivos. La corporación habría comprado explosivos en el mercado negro, pues no tiene autorización para una compra legal.

Alertados sobre la situación, los comuneros impidieron que el mineral salga. En tanto, Indecopi ha emitido una resolución señalando que al estar inmersa en un proceso concursal, el liquidador no puede y no tiene facultades para alquilar la mina. Adicionalmente, ha iniciado una investigación sobre el pretendido contrato de cesión de derechos mineros y alquiler de la mina cobriza y proceso de dación de pago del Complejo Metalúrgico de la Oroya.

Por muy buenas intenciones que tengan los extrabajadores, ellos no tienen los recursos suficientes para que la mina pueda operar a largo plazo. Se necesitan mínimo unos 50 millones de dólares. Peor, si pretenden adquirir todo el cojunto, la inversión supera los 150 millones de dólares. La situación podría terminar como la de las excooperativas a azucareras del norte, con líos judiciales, tomas y retomas de las unidades productivas, corrupción y muerte, cuando no haya dinero para invertir y seguir produciendo.

Yupanqui habría contactado con inversionistas locales que buscarían comprar la mina por 15 millones de dólares. Incluso se habría formado una empresa para la ocasión, Chrisvic Group SAC, que solo existiría en papeles. De acuerdo con Registros Públicos esta empresa formada en febrero del 2019 tiene como gerente general de Christian Gadea Becerra y como socios fundadores al mismo Gadea Becerra, Eriberto Guamani Garcia y Victor Dante Guillermo Gómez, con un capital social de 350 mil soles.

En un aparente afan de demostrar solvencia económica, Gadea Becerra habría presentado una demanda contra el BCP señalando la desaparición de sus cuentas de una transferencia por 147 millones de dólares que habría realizado un jeque arabe interesado en invertir en el Perú.

“Tenemos miedo de que la misma Doe Run esté intentado comprar la mina o que se trate de aventureros que busquen revenderla luego a un mejor postor”, dice la alcaldesa. Chrisvic Group insiste en la compra-venta de las dos unidades de Doe Run en el Perú: el complejo metalúrgico y la mina Cobriza, lo que no se ha podido realizar en los últimos 10 años, pues no sería viable economica ni socialmente.

De allí el acuerdo de que se produzca una venta por separado de las dos unidades. De acuerdo con los expertos, el inversionista interesado en una mina es distinto a un inversionista interesado en fundiciones y refinerias, pues se trata de negocios distintos. Plantear una oferta de compra conjunta no es real, dicen.

Yanet Meza sostiene que, como representante de San Pedro de Coris, lo que buscan es que se venda Cobriza al mejor postor y que la empresa que la compre cumpla con un alto estándar ambiental, social y de desarrollo sostenible y operativo.

El año pasado recuerda que un inversionista chino ofreció comprar la mina, pero luego desapareció. La próxima semana habrá un nuevo intento por venderla. El nuevo liquidador, señala la alcaldesa, debe verificar la seriedad de la oferta y que la empresa que quiera comprar tenga la suficiente solvencia económica en beneficio de las comunidades de San Pedro de Coris, los acreedores y extrabajadores de Doe Run.

La alcaldesa y los comunidades de San Pedro de Coris han emitido un memorial dirigido al Congreso de la República, la presidencia del Consejo de Ministros, el ministerio de Energia y Minas, la Junta de Acreedores de Doe Run Perú y la dirección general de Mineria. En el documento explican la situación que están viviendo tras el cierre de la mina y reclamen que se apoye la venta de la unidad minera y anuncian que tomaran medidas legales y de movilización social de no ser escuchados.

Semana clave para la venta

Este lunes 28 de febrero y 3 de marzo está convocada a reunirse la junta liquidadora para aprobar el programa de venta que proponga el nuevo liquidador Consultores A-1 y se abrirá la posibilidad de presentar y recibir ofertas.

Como los extrabajadores también participan en la junta, es posible que se insista con el convenio de alquiler de la mina, lo que para las comunidades no es la solución y solo agravaría el problema.