Puno: impiden que autoridades ingresen a yacimiento minero

El artículo 11 de la Constitución Política del Perú es claro. Todos los peruanos tienen derecho a transitar por todo el territorio nacional. Esta norma no tiene lugar en la comunidad de Saqui Totora, distrito de Sina, provincia de Putina. El panorama es la mayor evidencia del control total que tienen de la zona los comuneros tras expulsar el 21 de noviembre de 2021, a la empresa Argos de su concesión para quedarse con el oro del yacimiento. Son tres meses sin solución alguna.

La República se trasladó a la zona y comprobó que en el sector la Apacheta (cumbre más alta) los peruanos están prohibidos de transitar.

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Los dirigentes apelaron a una puerta metálica de doble hoja unida por una cadena y candado reforzado para prohibir el paso a toda persona ajena a la comunidad. Un agente de seguridad solo permite el ingreso y salida de los lugareños. “Acá nadie ingresa, señor. Está prohibido, a no ser que tenga autorización. Tengo que hacer cumplir eso. Es mi trabajo”, aseguró el vigilante identificado como David, el lunes 14 de febrero.

No se deja pasar ni a las autoridades de diferentes organismos del Estado. Los técnicos de la Dirección de Minería e Hidrocarburos de Puno, se trasladaron a la zona para comprobar la explotación irregular en la concesión de Argos, pero no les permitieron el paso. Ni la Policía, puede ingresar.

Jhonny Fritz Garces, asesor legal de los comuneros, admitió que no está bien que se cierren vías ni se impida el tránsito a cualquier persona. Reconoció que la Constitución reconoce el libre paso de personas por todo el territorio nacional. No obstante, alegó que se trata de un acuerdo comunal para que la empresa no divida la unidad.

El personal de seguridad de la Apacheta, dijo que el control es estricto porque incluso tiempo atrás personal de Argos, trató ingresar haciéndose pasar como trabajadores de otras empresas que operan en la zona.

Por su lado, el vocero oficial de Argos, Luis Enrique Aguado Muñoz, negó la versión alegando que desde que los despojaron con violencia el 21 de noviembre no volvieron a la zona por su propia seguridad.

La Fiscalía de Sandia, informó a La República que cinco dirigentes están denunciados por usurpación agravada. El cierre de la carretera con portón metálico probaría que el desalojo es permanente.

Jhonny Fritz Garces, indicó que serán las investigaciones las que determinen la responsabilidad de sus patrocinados. No obstante, dejó entrever que la puerta en medio de la carretera tiene propósitos de seguridad. Empero esa restricción no se aplica con todos.

Según Obed Álvarez Quispe, responsable del departamento de Minería, la puerta metálica tiene el propósito de no permitir que los fiscalizadores ingresen al lugar para comprobar que están explotando mineral de una concesión privada.

Luis Aguado, representante de Argos, dijo que ni siquiera pueden tener personal de seguridad que custodie sus bienes e instalaciones como sucede con cualquier propiedad privada.

Según la Dirección de Minas que depende del Gobierno Regional, Argos, hace pequeña minería y tiene una concesión otorgada por el Estado peruano para explorar reservas de oro en el distrito de Yanahuaya, provincia de Sandia, límite con la comunidad en cuestión. v

No se dejan fiscalizar

Los dirigentes aprovechan la geografía. Saqui Totora, es paso obligado para llegar a la zona y es la única ruta accesible para llegar al campamento de Argos. El director regional de Energía y Minas, Dante Salas Ávila, el cierre del paso hasta ahora impidiendo fiscalizar no solo a Argos, sino a otros proyectos mineros que se encuentran en la zona. Saqui Totora, es un Estado dentro de otro Estado.