Este martes, el presidente de la República, Pedro Castillo, y la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, enviaron al Congreso de la República el proyecto de ley para crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información, despacho que el jefe de Estado prometió a sus simpatizantes en la última campaña electoral.
De acuerdo con la iniciativa 1202-2021/PE, las funciones rectoras de esta nueva cartera serán “diseñar, formular, dirigir, fortalecer, coordinar, implementar, supervisar y evaluar la política nacional de ciencia, tecnología e innovación”.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información también tendrá como fin “promover, tanto en el ámbito público como en el privado, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, en coordinación con los sectores competentes”, como el Sinacti, que estará bajo su supervisión.
De igual manera, este despacho tendrá las prerrogativas de “normar, regular, supervisar y, cuando corresponda, fiscalizar y sancionar, en los ámbitos que comprenden la materia de ciencia, tecnología e innovación”.
En relación a su estructura en la alta dirección, se conformarán los viceministerios de Políticas, y de Gestión y Articulación. El proyecto de ley también establece, a través de una disposición complementaria, la fusión por absorción del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), que actualmente se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Proyecto del Poder Ejecutivo para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información. Foto: documento
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo sostiene que la introducción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información buscará “resolver la insuficiente capacidad” en el área, a fin de que esta se convierta en “el motor que impulse el desarrollo social y productivo del país”.
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“Una causa crítica de este problema es la débil institucionalidad del sistema nacional de CTI, que se verifica en las deficiencias en términos de configuración organizacional, diseño funcional, y ejecución de responsabilidades, tanto del ente rector como del resto de actores del sistema”, se lee en el documento.
La iniciativa hace hincapié en que otros países de la región, como Argentina y Chile, “ya han considerado la necesidad de la creación” de un despacho que se centre en el desarrollo y promoción de la materia.