Acciones del ministro Aníbal Torres debilitan la imagen del Gobierno, aseguran expertas

Las recientes declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, en las que confirma que se reunió el último martes 4 de enero con Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, un día antes de que el letrado se pronunciara sobre el nombramiento de Daniel Soria en la Procuraduría General de la República, dejaron en evidencia la presunta intromisión que existe desde el Ejecutivo para que se ejerza un serio control político.

Daniel Soria es el funcionario que denunció a Pedro Castillo por patrocinio ilegal y tráfico de influencias por los casos del consorcio Puente Tarata III y las visitas extraoficiales del mandatario; además, el que le pidió al Ministerio Público para que no suspendan la investigación contra el jefe de Estado por las presuntas injerencias en los procesos de ascensos en el Ejército y Fuerza Aérea el pasado 28 de diciembre del 2021.

Dicha posición le habría generado cierta incomodidad a la defensa legal de Castillo, quien lo acusó de haberse burlado del jefe de Estado, en aquella diligencia.

Pero, no solo quedó en esa denuncia pública, sino que Pachas también le pidió al titular de la cartera de Justicia evaluar el perfil profesional de Soria, a fin de determinar si cumple con los requisitos para estar en el cargo. Este anuncio fue confirmado por el propio Torres, quien, luego de confirmar que se reunió con el abogado de Castillo, adelantó —en declaraciones para La República— que “el tema (evaluación de Soria) ya se verá la siguiente semana (lunes 10 de enero) donde se revisará el expediente del procurador”.

La posición de Torres motivó a que, desde el Congreso, como parte de una fiscalización, la agrupación política de Renovación Popular firmará una moción de orden del día en la que solicitan la presencia del ministro Torres en el Congreso por “intromisión en la Procuraduría General de la República”.

A ello, un total de setenta procuradores del diversas provincias del país se pronunciaron a favor de la autonomía de la Procuraduria General y rechazaron cualquier intento de injerencia política en la labor de la institución. Con ello, respaldan la labor de Daniel Soria.

Lluvia de cuestionamientos

La República dialogó con analistas políticos, quienes coincidieron que la posición del ministro de Justicia, Aníbal Torres, no favorece la imagen del Gobierno, debido a que no se está respetando las funciones de las instituciones del Estado en relación a la labor que realiza la Procuraduría General del Estado, luego de la denuncia que interpuso a Castillo.

La abogada constitucionalista y politóloga, Milagros Campos, dejó en claro que no hay democracia sin control político. Según dijo: “Ninguna actitud por parte del Ejecutivo que busque el incumplimiento de las funciones de la autoridad suma al Ejecutivo, debido a que se debe priorizar el control político para que existe democracia”.

En ese sentido, Campos mencionó, además que “es muy importante distinguir el rol del Ministro de Justicia que no es el abogado del Presidente”

Por su parte, la politóloga Paula Távara sostuvo que el Gobierno debe mantener la objetividad en los procesos que afronta el mandatario Castillo por la participación del ministro Aníbal Torres en evaluar el perfil profesional del procurador Soria.

“El ejecutivo lo que necesitaría es tratar de mantener la objetividad del procedimiento. No puede involucrarse en los procesos legales del presidente Pedro Castillo, siempre debe mantener la imparcialidad”, apuntó.

Katherine Zegarra, otra experta en política, afirmó que la posición de Torres en contribuir en la destitución de Daniel Soria del cargo de procurador general del Estado genera más dudas y no favorece la imagen del Gobierno.

“El titular de la cartera de Justicia debe tener una imagen institucional de defensa al sistema de justicia, no de defender las acusaciones que recaen contra el presidente”, sentenció Zegarra.