El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se refirió a la información revelada por el acta fiscal producto de la diligencia realizada por el Ministerio Público en Palacio de Gobierno, el último lunes, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la licitación para la adquisición de biodiesel en Petroperú. Calificó como un “problema procedimental” lo detallado en el documento respecto a que se da cuenta sobre que el jefe de Estado habría impedido el ingreso de los fiscales a las oficinas de la Secretaría de la Presidencia.
“Creo que esto se trata de un tema de investigación del Ministerio Público. Yo creo que se debe continuar con las investigaciones, se deben esclarecer todas las dudas respecto a este tema y entiendo que hay un problema procedimental por el cual por un momento no se pudo ingresar al salón la fiscal, pero espero que esto se resuelva y se esclarezca”, declaró en conferencia de prensa.
El presidente Castillo no autorizó ingresar a los miembros de la Fiscalía Anticorrupción a la oficina de Secretaría de la Presidencia, de acuerdo al acta fiscal. Representantes del Ministerio Público sí pudieron entrar a otras instalaciones de Palacio de Gobierno, a donde arribaron para la intervención que se llevó a cabo por las investigaciones preliminares en torno al reciente escándalo que involucra a Petroperú.
Según el acta a la que accedió La República, el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina le solicitó al encargado de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio, Julio Ernesto Salas Becerra, que se comunique con el secretario general Carlos Jaico para que se disponga el acceso a las inmediaciones, a fin de que se lleva a cabo la exhibición voluntaria de documentos.
“Es así que el señor Julio Ernesto Salas Becerra refiere que el secretario general Carlos Ernesto Jaico Carranza le informa que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, es el que no autoriza el ingreso del personal fiscal a la Oficina de Secretaría del Despacho de la Presidencia”, se lee en el texto.
Dicho documento lleva las rúbricas del fiscal Luis Alberto Medina y de Julio Salas, quienes “firman en señal de conformidad” de lo redactado en el escrito.