La Comisión de Constitución del Congreso de la República debatió la propuesta de reforma con la que se busca elevar al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) como organismo constitucional. La iniciativa sugiere que la institución no sufra injerencias políticas dentro de su toma de decisiones.
En ese sentido, la congresista Patricia Juárez, quien preside la referida mesa de trabajo, sostuvo: “Los proyectos de ley en estudio plantean una reforma constitucional que incorpora el artículo 65-A a la Constitución Política del Perú con la finalidad de resolver la falta de autonomía real del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, pues por ley esta se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros”.
Juárez enfatizó que, para ella, la falta de autonomía real del Indecopi pone en riesgo su rol de vigilancia y defensa de derechos constitucionalmente reconocidos.
“Al tener autonomía para el adecuado cumplimiento de sus funciones habrá un menor riesgo y posibilidad de injerencia política de los Gobiernos de turno al tener un Consejo Directivo nombrado sobre la base de un proceso democrático y meritocrático”, añadió Juárez.
Por su parte, Guido Bellido señaló que debe precisarse qué tipo de injerencias políticas se han dado. “Por más que sea autónomo el ente siempre habrá intereses políticos porque las personas también tienen intereses”, alegó.
Alejandro Cavero, de la bancada de Avanza País, señaló que “no se puede consolidar la economía social de mercado si no se consolida la defensa de la libre competencia que es fundamental para pasar de un sistema mercantilista a un sistema donde prevalezca una verdadera economía de mercado popular”.
Ese enfoque, de acuerdo al legislador, fomentará la libre competencia que beneficiará “al consumidor y a los más humildes”.
Entre tanto, José Jeri, Edgard Reymundo, Eduardo Salhuana y Víctor Cutipa estuvieron de acuerdo en proponer que se insista en pedir información a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Economía y a otros especialistas a fin de conocer sus opiniones respecto a la norma.
Como funciones para el Indecopi, la iniciativa solicita que se incluya el proteger la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, defender la libre y leal competencia, vigilar el proceso de facilitación del comercio exterior, corregir las distorsiones en el mercado provocadas por el daño derivado de prácticas de dumping y subsidios, y proteger el crédito mediante la conducción de un sistema concursal que reduzca costos de transacción y promueva la asignación eficiente de los recursos.
Otros aspectos por los que debe velar son los derechos de los consumidores, la protección de la propiedad intelectual y la realización del control previo de operaciones de concentración empresarial, entre otras funciones señaladas por su ley orgánica.
Además, indica que el Congreso remueve, con el voto de dos tercios del número legal de sus miembros, a los integrantes del Consejo Directivo por falta grave. También propone modificar la Constitución para precisar que será una atribución de la Comisión Permanente ratificar la designación de los miembros del Consejo Directivo del Indecopi.