Representantes del Ejecutivo viajarán a Ayacucho para establecer diálogo con manifestantes

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que las comunidades del sur de Ayacucho, que iniciaron un paro el pasado 28 de octubre contra la actividad minera que se desarrolla en cabeceras de cuenta, han aceptado iniciar un proceso de diálogo con el Ejecutivo a fin de buscar soluciones al conflicto social. En ese sentido, informó que los manifestantes habrían levantado las medidas de protesta en la zona del conflicto.

A través de un comunicado difundido en Twitter, la PCM informó que la primera ministra remitió un oficio a las autoridades de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara manifestando la predisposición del gobierno para impulsar una mesa de diálogo que pueda encontrar soluciones viables “en beneficio de todos”.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Asimismo, dio aviso de que una delegación del Ejecutivo estará viajando hoy al lugar “para establecer los mecanismos más adecuados para instalar un proceso de diálogo”.

“Una delegación del gobierno está viajando al sur de Ayacucho para restablecer el diálogo, garantizar los derechos y atender las demandas de la ciudadanía en protesta, la misma que ha decidido levantar sus medidas de fuerza aceptando iniciar este proceso de manera genuina”, lo anunció también la primera ministra Mirtha Vásquez en su redes sociales.

Conflictos mineros

El 28 de octubre, dirigentes y ciudadanos de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, ubicadas en el sur del departamento de Ayacucho, iniciaron protestas en contra de la actividad minera que se desarrolla en cabeceras de cuenca. Los manifestantes exigen el retiro de las mineras sobre estos ecosistemas.

Al día siguiente, los huelguistas de Lucanas procedieron a incendiar el campamento minero de la empresa Apumayo siendo la acción más violenta hasta el momento. En Parinacochas, los manifestantes se han ubicado frente a la mina Breapampa, donde pernoctan desde el inicio del paro. Las tres provincias exigen la expulsión de las empresas SAMI SAC, Ares SAC y Hochschild Mining.