La Primera Fiscalía Suprema Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Jesús Fernández Alarcón, se opuso al pedido de excarcelación del exjuez Julio César Mollo Navarro, a quien se le investiga como parte de la organización criminal Cuellos Blancos, red que traficaba influencias dentro del sistema judicial.
El Ministerio Público comunicó, a través de su cuenta de Twitter, que el exmagistrado del Poder Judicial del Callao sustentó su pedido de excarcelación “alegando afectación a su salud y vulnerabilidad al contagio de COVID-19″. No obstante, basado en un informe proporcionado por el centro penitenciario Miguel Castro Castro, donde Mollo se encuentra detenido, la Fiscalía advirtió que el recluso no acudió a inocularse la segundad dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Anuncio de Fiscalía - Caso Cuellos Blancos
La Fiscalía investiga al exjuez Julio César Mollo Navarro por la presunta comisión de los delitos de crimen organizado y cohecho pasivo por el caso Cuellos Blancos. Actualmente, cumple un mandato de prisión preventiva de 36 meses ante el latente peligro de fuga y de obstaculización de la investigación.
Como se informó, desde que salieron a la luz los audios que comprometían al exmagistrado del Callao con la mencionada organización criminal, él estuvo en calidad de prófugo hasta que decidió ponerse a disposición de la justicia en febrero del 2019.
Por otro lado, el fin de semana pasado los jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada acordaron no imponer detención domiciliaria a un procesado al vencer el plazo de prisión preventiva. Sustentaron que ambas medidas tienen el mismo efecto: la restricción de la libertad.
Tras el debate, los magistrados consideraron que aplicar la detención domiciliaria era como ampliar la prisión preventiva. Lo único distinto era el lugar en donde se efectúa la medida extraordinaria.
De esta manera, la medida adoptada pondrá presión a los fiscales para concluir las investigaciones y presentar las acusaciones antes de los tres años, para permitir el desarrollo del juicio y que se dicte sentencia.
La Corte Penal Nacional tiene a su cargo el control de la investigación y juzgamiento en los casos Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, la organización Orellana, Los Dinámicos del Centro, procesos a expresidentes regionales, terrorismo, narcotráfico, tráfico de madera, entre otros.