Este 22 de octubre, el gobierno de Pedro Castillo presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional por la ley de cuestión de confianza, promulgada por el Congreso. Dina Boluarte, titular del Midis y vicepresidenta de la República, señaló que el Ejecutivo realiza esta acción en el marco de sus competencias y en busca de seguridad jurídica.
“Dentro de las competencias constitucionales y en resguardo de nuestra Carta Magna, el Ejecutivo presenta este recurso. El país necesita seguridad jurídica para avanzar en la agenda de cambios”, precisó a través de su cuenta de Twitter.
La norma del Congreso establece que el Poder Ejecutivo ya no pueda plantear cuestión de confianza por reformas constitucionales y aspectos que son de competencia exclusiva o excluyente del Parlamento. A pesar que la ley fue observada por el Gobierno, el 19 de octubre el Parlamento la aprobó por insistencia con 73 votos a favor.
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Ante esto, el Ejecutivo alerta al Tribunal Constitucional que con esta ley se quiebra el principio de separación de poderes. “La ley N.° 31355 contraviene la interpretación constitucional sobre los alcances de la cuestión de confianza realizada por el Tribunal Constitucional”, señala la demanda.
Aníbal Torres, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, considera que los legisladores que respaldaron la ley que regula la cuestión de confianza “merecen” ser enjuiciados por su irresponsabilidad inconstitucional.
Aníbal Torres juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos el 30 de julio. Foto: Presidencia
“El Congreso ha infringido la Constitución, todos los congresistas que han votado por esta limitación de la vacancia han incurrido en irresponsabilidad inconstitucional, merecen todos aquellos que votaron a favor de la modificación ser enjuiciados, conforme al artículo 99 de la Constitución, pero obviamente eso no va a pasar porque ellos no se van a enjuiciar a sí mismos”, declaró en Exitosa.