Congreso rompe el equilibrio de poderes con el Ejecutivo

Luego de la sustentación realizada por la congresista fujimorista y titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Patricia Juárez, el pleno del Congreso aprobó con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones los proyectos de ley 3, 6, 19 y 36 que buscan regular el ejercicio de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo. Durante la votación, la presidenta del Legislativo, Maria del Carmen Alva, bajó a su escaño para apoyar la aprobación de la ley.

El pasado 9 de octubre, la Comisión de Constitución del Congreso había aprobado el dictamen de insistencia de la ley de interpretación de la cuestión de confianza. El presidente de la República, Pedro Castillo, ya había observado la norma y cuestionó que se haga una modificación de la cuestión de confianza mediante una ley ordinaria, cuando debería ser por reforma constitucional. Asimismo, advirtió sobre la afectación del principio de balance de poderes.

De acuerdo con lo propuesto, la interpretación de la cuestión de confianza precisa que esta puede ser usada por el Ejecutivo solo en materias de su competencia, “no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.

Congreso rechaza reconsideración de votación sobre ley que limita la cuestión de confianza

Con 80 votos en contra, 40 a favor y una abstención, el Pleno del Congreso rechazó la reconsideración de la votación del proyecto de ley que busca limitar la figura de la cuestión de confianza. Posteriormente, la presidenta del Congreso solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado.

Especialistas consideran que ley que regula cuestión de confianza rompe el equilibrio de poderes

En diálogo con La República, el abogado constitucionalista Omar Cairo indicó que esta ley que interpreta y limita la cuestión de confianza rompe con el equilibrio de poderes. “El Tribunal Constitucional ha establecido que la Constitución no coloca ningún límite a las materias sobre las que puede versar la solicitud de la cuestión de confianza y que la denegación de la cuestión de confianza puede ser de manera fáctica. Ha dicho que precisamente de esa manera es que se garantiza el equilibrio de poderes”, señaló Cairo.

Y agregó: “Entonces, alterando la Constitución sin el procedimiento de reforma constitucional, lo que se está haciendo es quebrantar la Constitución y romper el equilibrio de poderes”. Explicó, asimismo, que ahora el Ejecutivo “queda muy debilitado porque no puede presentar cuestión de confianza sobre ningún proyecto de ley ni sobre solicitudes de que no se censure a ministros”.

En la misma línea se encuentra la constitucionalista María Antonieta Gonzáles, quien calificó de “inconstitucional” a esta norma aprobada por insistencia, “porque se está modificando las funciones y los principios del núcleo duro de la Constitución a través de una ley” y no mediante una reforma constitucional como —añade— se debió hacer.

“Al solamente restringir la acción por parte del Ejecutivo y no hacer lo mismo con el Legislativo, sí se está generando una afectación al principio de balance y equilibro de poderes”, precisó Gonzáles en conversación con este medio.

“Al día de hoy, con la aprobación de esta ley, si el Ejecutivo considera que no se están aplicando los criterios de transparencia, publicidad y otros en los diferentes procesos que actualmente el Congreso tiene a su cargo, como la elección de los miembros del Tribunal Constitucional o del defensor del pueblo, no podría hacer nada y estaría atado de manos”, prolongó.

Elena Alvites, abogada constitucionalista, también concordó con sus colegas. “Limitar la cuestión de la confianza, en la práctica, está trastocando el orden constitucional de equilibrio de poder en un régimen que se dice que es presidencialismo atenuado, pero donde hay que entender que ambos poderes del Estado tienen origen popular y entre los dos tiene que haber un equilibrio”, le dijo a este medio.

Los especialistas coincidieron en que ahora el Ejecutivo tiene que recurrir al Tribunal Constitucional para plantear una demanda de inconstitucionalidad. No obstante, indicaron que el panorama es complicado, ya que se necesitan cinco votos para que el pedido sea declarado fundado. Actualmente, hay seis integrantes en el TC debido a que el magistrado Carlos Ramos falleció recientemente.