El bufete estadounidense de abogados corporativos, Baker McKenzie, probablemente uno de los más poderosos del planeta, ha quedado vergonzosamente al descubierto. Los chicos malos del mundo –mandatarios corruptos, empresarios evasores de impuestos, traficantes de armas, millonarios codiciosos– recurrían a sus 4.700 abogados para que los aconsejaran cómo ocultar bienes y dinero en los paraísos fiscales, también conocidos como offshore. Entre sus clientes exclusivos se encontraba el prófugo ejecutivo peruano Gustavo Salazar Delgado.
Según los papeles de Pandora, el caso que ha destapado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), filtraciones de documentos internos de Baker McKenzie asesoró a Gustavo Salazar para poner a buen recaudo dinero presuntamente mal habido.
Salazar es acusado por el Equipo Especial del caso Lava Jato de haber prestado sus servicios al exgobernador cusqueño Jorge Acurio Tito, con el objetivo de esconder la coima de US$ 1.250.000 que le dio la constructora Odebrecht. Acurio favoreció a la brasileña adjudicándole la construcción de la Vía de Evitamiento de la ciudad cuzqueña.
La plataforma de investigación periodística Convoca, en alianza con ICIJ, tuvo acceso a los papeles de Pandora y encontró evidencia documental relacionada con Baker y McKenzie y el peruano Gustavo Salazar. Mientras este era buscado por las autoridades judiciales, recurrió a los abogados de Baker Mckenzie para trasladar una empresa offshore de su propiedad que había constituido en Islas Vírgenes Británicas en 2012: Diangelo Invest Limited. Baker Mckenzie le recomendó a la gestora de offshore, Trident Trust.
Como demuestran los documentos obtenidos por Convoca, Trident Trust logró trasladar a Diangelo Invest Limited a Miami, Florida, cuando contaba con activos por US$ 1.950.000 en 2017.
Los papeles de Pandora indican que la sede de Baker Mckenzie contaba entre sus clientes a Diangelo Invest Limited, de Gustavo Salazar, no obstante que estaba investigado por presunto lavado de activos en relación a sus actividades sospechosas en la compañía de seguros La Positiva. Incluso antes del caso Lava Jato.
Según los documentos obtenidos por Convoca, Baker McKenzie comunicó a Trident Trust que iniciara el traslado de su cliente Diangelo Invest Limited de Islas Vírgenes Británicas a Miami.
Además, encontrándose en condición de prófugo de la justicia, los abogados de Salazar solicitaron a Trident Trust cambiar el accionariado de la offshore del empresario evadido: el 98% de sus acciones las trasladó a su cónyuge.
Sin duda, se trataba de una maniobra para sortear la acción de la justicia.
En el proceso de transferencia de la offshore de Gustavo Salazar de Islas Vírgenes Británicas a Miami, Trident Trust requirió a los abogados del empresario información que garantizara la conducta transparente de este.
Presentaron una carta de un financiero radicado en Miami de nombre Julio Velayos. En el documento al que accedió Convoca dentro de la investigación de los papeles de Pandora, Velayos respalda la supuesta pulcritud ética y moral de Gustavo Salazar.
‘’Tengo el agrado de confirmar que he conocido (a Salazar) en los últimos 35 años (...). Nunca (hasta donde llega mi conocimiento, información y entendimiento) ha sido implicado en procedimientos de quiebra, criminales o similares, y lo considero financieramente confiables y de buena moral’', escribió Julio Velayos. Para Trident Trust fue suficiente. Increíble.
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Los papeles de Pandora también permitieron descubrir que el testaferro de Augusto Pinochet, Óscar Aitken, formó 6 empresas offshore en Islas Vírgenes Británicas para esconder los sobornos que recibió el dictador chileno por empresas vendedoras de armamento.
El bufete de abogados panameños Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que abrió las offshore desde 1991, alegó que Aitken nunca les advirtió que el dueño de las sociedades era Augusto Pinochet, por lo que debió liquidar las mismas.
Las coimas por las ventas de armas las ocultaba Pinochet en el banco estadounidense Riggs.
Pinochet y Piñera
Las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados convinieron en interponer una acción constitucional contra el mandatario Sebastián Piñera, luego de que los papeles de Pandora destaparon que vendió una mina de su propiedad a un amigo íntimo. La operación se consumó en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Piñera ha respondido que el caso ya fue materia de investigación judicial, de la que salió bien librado. Sin embargo, los documentos señalan que el último pago estaba condicionado a que el Estado chileno no declarase como reserva natural el área donde proyectaba ampliar sus operaciones la mina. Había un conflicto de interés.