El Poder Judicial resolvió otorgar medidas de protección a la parlamentaria y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, a raíz de la denuncia que realizó contra el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien la habría agredido con una frase sexista durante la instalación de la Junta Preparatoria del Parlamento. En ese sentido, la institución estableció que el primer ministro tiene prohibido “todo tipo de actos que impliquen violencia contra la mujer, en agravio de Chirinos Venegas, en la modalidad de maltrato psicológico”.
“Tales como emitir comentarios fuera de contexto o inapropiados, humillaciones, tildaciones, entre otros agravios que menoscaben la integridad psíquica y emocional ya sea en la esfera pública o privada, por el espacio que dure la investigación fiscal o el proceso penal que se le siga en su contra; bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad judicial en caso de incumplimiento al mandato judicial”, se lee en la resolución.
De igual manera, la jueza Virginia Arroyo Reyes, de la Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Lima, también dispuso evaluación y terapia psicológica al primer ministro, a fin de “prevenir y erradicar todo acto de connotación violenta en cualquiera de sus formas”.
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“(Se resuelve) La evaluación, seguida de una terapia psicológica individual a la que deberá someterse de forma obligatoria el denunciado Bellido Ugarte Guido, en el centro de salud de valor estatal más cercano a su domicilio, debiendo reportar al Juzgado el resultado de la misma”, sostiene el escrito.
A esta última medida también deberá ser sometida Patricia Chirinos, no obstante, la resolución no precisa la obligatoriedad.
En la resolución, la jueza Arroyo Reyes afirmó que “existen indicadores que hacen creíbles en cierta medida los actos denunciados”, debido a que Guido Bellido “no ha negado haber estado en el lugar en el que se suscitaron los hechos materia de pronunciamiento y porque existe la versión pública de uno de los testigos (José Jerí) que ha señalado la denunciante”.
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“Hechos que en su conjunto hacen que, a fin de evitar se produzcan o se reiteren actos como los denunciados, se dicten las medidas de protección conducentes a preservar y proteger la integridad psicológica de la denunciante”, dice el texto.
Sin embargo, la magistrada no accedió al pedido de Patricia Chirinos de emitir una orden de alejamiento de 300 metros contra el presidente del Consejo de Ministros.
“Considerando los cargos públicos que detentan los involucrados, resulta probable que por la función que ejercen, puedan coincidir en lugares donde la presencia de ambos resulta imprescindible e importante, no solo para ellos, sino para la ciudadanía en general”, reza el escrito.