El último lunes 2 de agosto, la legisladora Susel Paredes del Partido Morado pidió al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aclarar la presunta relación contractual entre el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, con la empresa de Transporte interprovincial COTRAP-APOIP.
En efecto, a través del oficio n° 131-2021.2022-SAMPP/CR, la parlamentaria morado solicitó al primer ministro “disponer que se brinde la información documentada respecto al vínculo o cargo actual que ostenta dicho ministro con la empresa”.
Esto, con la finalidad de que se aclare su situación, y “evitar así que un miembro del gabinete ministerial sea juez y parte dentro del sector que le toca hoy dirigir”.
De acuerdo a informaciones periodísticas, Juan Silva Villegas tendría a su cargo la gerencia de la mencionada empresa cuyo objetivo era prestar servicio de transportes desde el 2019. Esta empresa, además, habría sido multada por prestar servicios de manera informal.
“De ser cierto resultaría contrario a lo estipulado por la ley n° 27815 que aprueba el código de ética de la función pública, en su artículo 8, numeral 1, que prescribe como una prohibición el mantener conflicto de intereses, es decir, que quienes ejercemos función pública no debemos tener vinculación con intereses privados que puedan menoscabar nuestra actuación o poner en riesgo la credibilidad de las políticas públicas que se plantean” señala el documento.
Susel Paredes
Según el portal del SAT, el titular del MTC cuenta con dos infracciones de tránsito consideradas graves, por lo cual recibió las papeletas correspondientes. La primera fue en 2015 por circular de noche en las vías públicas sin las luces reglamentarias (G31).
Y la segunda fue en 2016 por “estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización” (G47).
Asimismo, Villegas recibió una tercera papeleta calificada como leve en diciembre de 2019 por los agentes de la División de Protección de Carreteras de Lima Norte (Divprcar), por utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria (L07). De acuerdo el portal de MTC, la papeleta está pendiente de pago.
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