La Comisión Permanente del Congreso de la República debatió una serie de denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra, por los casos Vacunagate y Richard Swing, y otras relacionadas a exministros de su gestión y al excongresista Daniel Salaverry.
De las denuncias constitucionales 426 y 434, formuladas por los congresistas Manuel Merino, Luis Roel y Leonardo Inga, contra Vizcarra Cornejo por su vacunación irregular contra la COVID-19 con dosis del laboratorio Sinopharm, la segunda fue aprobada y se otorgó un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones realice la investigación y emita su informe. La 426, por su parte, quedó pendiente.
Por unanimidad, la Comisión Permanente estableció un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice la investigación y presente su informe final respecto a la Denuncia Constitucional (DC) 434 contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra.
La acusación fue presentada por los congresistas Manuel Merino, Luis Roel y Leonardo Inga Sales, de Acción Popular, por el caso Vacunagate. Al exjefe de Estado se le imputa la presunta comisión de los delitos de concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible y falsificación de documentos, tipificados en los artículos 382, 384, 393, 399 y 427 del Código Penal, respectivamente.
El mismo plazo fue brindado para la investigación aprobada por el caso de la irregularidad en la contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’.
Esto se dio pese a que Vizcarra dirigió una carta a la presidenta de la Comisión Permanente, Mirtha Vásquez, en la que comunicó su renuncia a la prerrogativa del antejuicio político y pidió, en consecuencia, que se concluya el oficio del procedimiento parlamentario en curso. El mismo argumento fue presentado para las distintas acusaciones en su contra.
Por otro lado, también se otorgaron 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice la investigación y presente su informe final respecto a la DC 398, contra el exministro de Salud, Víctor Zamora, por los presuntos delitos de propagación de enfermedad peligrosa, abuso de autoridad, omisión de funciones, negociación incompatible y falsificación por su gestión durante la pandemia de la COVID-19.
Asimismo, también se fijaron quince días para presentar el informe de las acusaciones constitucionales contra las exministras Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y negociación incompatible.
Finalmente, con 20 votos a favor, se aprobó el Informe Final de las DC 284, 344 y 375 (acumuladas), contra el excongresista Daniel Salaverry, por los presuntos delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica y otros.
Quedó pendiente la denuncia constitucional 342 contra el exconsejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila, por los presuntos delitos de tráfico de influencias en la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
La sesión tuvo que suspenderse y postergarse hasta la próxima semana, debido a que los parlamentarios expusieron, durante más de una hora, su rechazo a la orden de la Corte Superior de Justicia de Lima, que estableció la suspensión de las sesiones del miércoles 7 y jueves 8 de julio en la que se elegiría a los nuevos magistrados del tribunal Constitucional.
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