La máxima autoridad moqueguana, Zenón Cuevas, se refirió a la decisión del pleno del Congreso de inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra por 10 años para ejercer cargos públicos por el caso Vacunagate. Aseguró que lo ocurrido parece ser una “venganza”.
“Parece que la forma tan acelerada, como se viene haciendo en el caso del expresidente Martín Vizcarra, pareciera que fuera una especie de venganza, una persecución política y creo que así los propios poderes del Estado se deslegitiman, se desaprueban ante la misma opinión pública”, declaró a RPP.
Además, el gobernador regional de Moquegua comparó el caso de Vizcarra Cornejo con el de Edgar Alarcón para afirmar que no se trataron de la misma manera.
“Las reglas del juego tienen que ser iguales para todos. (...) Como fue el caso del presidente de (la Comisión de) Fiscalización, por ser un congresista, el señor Alarcón, no hay, pues, una equidad”, sostuvo.
Al ser cuestionado si considera que hubo o no vulneración por parte del virtual congresista de Somos Perú al vacunarse contra la COVID-19, Cuevas señaló que el tema debe ser investigado, pero con el “debido proceso”.
“No podemos aprovechar el cargo para beneficios propios, particulares ni de terceros. Ahora, si en ese nivel hay responsabilidad, perfecto, pero siempre cumpliendo el debido proceso, dándole la oportunidad a su defensa (...) A mí me parece que ahí hay excesos”, comentó.
Martín Vizcarra recibió de manera irregular de las dosis contra la COVID-19 que fueron entregadas por Sinopharm para el estudio clínico que se ejecuta en el país. Por ese hecho fue destituido del cargo en noviembre de 2020.
Además, se le sigue una indagación por presuntamente haber recibido dinero ilícito de para adjudicar obras cuando fue gobernador regional de Moquegua.
En cuanto a la propuesta del candidato presidencial Pedro Castillo, de Perú Libre, para renegociar contratos mineros en curso, el gobernador de Moquegua señaló que esa iniciativa sería viable.
“Pienso que una revisión o una renegociación es factible, como en cualquier contratación que haya entre privados o entre el Estado y privados”, indicó.
En esa misma línea, expresó que las compañías de dicho sector que operan en su región no han realizado una labor adecuada en lo que respecto a responsabilidad social, por lo que generó el rechazo de la población.
“Una de las empresas, como es Southern, no ha demostrado esa responsabilidad social de manera objetiva, real, que la población perciba que contribuye al desarrollo y superar brechas”, apuntó.
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