En sesión ordinaria virtual realizada este jueves, el pleno del Consejo Regional de Puno aprobó debatir la cuestión de vacancia en contra del suspendido gobernador regional Walter Aduviri Calisaya. La fecha pactada fue el próximo lunes 15 de febrero.
Esta medida ha sido adoptada luego de que el Jurado Nacional de Elecciones resolvió trasladar a esta instancia las solicitudes presentadas por los ciudadanos Adelaida Enríquez Condori, en diciembre del 2020, y Francisco Paulo Calatayud Guerra, en enero del 2021.
La vacancia es una posibilidad desde que la Corte Suprema de Justicia dispuso revocar la sentencia de la autoridad regional de seis años efectiva a cuatro años de pena suspendida. La defensa de Walter Aduviri esperaba una absolución, ya que, de ese modo, el gobernador hubiera vuelto a sus funciones.
Semanas atrás, el aún gobernador de Puno aseguró que su caso es interpretable. No obstante, indicó que si lo retiran formalmente del cargo no será por corrupto, sino por venganza de los poderes de facto que no le perdonan el haber liderado las protestas contra las concesiones mineras en 2011. Las manifestaciones terminaron en el saqueo de instituciones públicas y privadas.
“Reitero. La misma sentencia casatoria dice que yo no estuve en el lugar los hechos. Sin embargo, me encuentran responsabilidad por indicios no corroborados. Objetivamente, no soy culpable. Solo me hallan responsabilidad por conjeturas. Entonces, la justicia no es justicia. Vendría hacer un instrumento de venganza de los poderes de facto”, dijo.
Aduviri precisó que hay un factor que le llama la atención y es el que varios líderes de izquierda sean investigados y sancionados. “Los más grandes corruptos de este país están libres. A ellos no los condenan por indicios. Para ellos, el sistema judicial es garantista. Hasta el final presumen su inocencia. Pero a mí me condenan por indicios. Qué más pruebas que la justicia en el Perú que está manejada por intereses”, insistió.