Lava Jato: nuevo procurador ad hoc adjunto es designado para la investigación
Carlos Fernández Muñoz ingresa en reemplazo de la abogada Silvana Carrión, quien pasó a ser nombrada procuradora ad hoc titular para el caso en mención.
La resolución publicada hoy, viernes 6 de noviembre, en el diario oficial El Peruano dio a conocer que la Procuraduría General del Estado había designado como nuevo procurador ad hoc adjunto del caso Odebrecht a Carlos Alberto Fernández Muñoz.
La designación se da luego de que la abogada Silvana Carrión dejara libre el cargo, pues pasó a ser nombrada procuradora ad hoc titular para el caso en cuestión.
La función del nuevo procurador será ejercer la defensa de los derechos e intereses del Estado peruano en todas las pesquisas y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y similares; como los que ha cometido la empresa Odebrecht y otras.
Esta defensa se realiza ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales. El equipo de procuradores del caso Lava Jato también está integrado por la procuradora ad hoc adjunta Marilyn Vega Caro.
Silvana Carrión
Carlos Fernández Muñoz posee más de 20 años de experiencia como abogado en el sector privado. Anteriormente, se desempeñaba como coordinador de litigio penal en la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht y otras, desde enero del 2019.
Silvana Carrión representará al Estado por caso Club de la Construcción
El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, ratificó el pasado 27 de octubre a través de un oficio a la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, su competencia para representar al Estado en las investigaciones seguidas por el caso Club de la Construcción.
El presidente Martín Vizcarra se encuentra vinculado al caso por presuntamente haber recibido coimas en la concesión de las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, cuando era gobernador de dicha región.
La Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato y otras se dedica exclusivamente a defender los derechos del Estado frente a casos de corrupción respecto a contratos con constructoras a nivel nacional e internacional, por lo cual no interviene solo en pesquisas de Lava Jato sino en todos los casos similares.
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