¿Qué es la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”? La respuesta ha dividido al Ministerio Público y sus fiscales, exponiendo la más grave crisis en la institución creada en 1979, al final de la dictadura militar y los albores de la democracia.
Existen dos respuestas que generan dos corrientes de opinión.
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Una, es una red dirigida e integrada por jueces, fiscales y políticos que lucraban con empresarios y magistrados en aprietos. Dos, es una red de abogados que infiltraron el Poder Judicial, Ministerio Público e instituciones afines: CNM, JNE y ONPE en beneficio propio y de sus clientes.
Esta diferencia de enfoque se ha hecho evidente en el pedido de prisión preventiva que, a fines de agosto, presentó el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón contra los exasesores del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Pablo Morales Vásquez y Miguel Torres Reyna. El pedido está bien fundamentado, pero lo que no aparece es que ambos son colaboradores de la fiscalía provincial.
Históricamente, cuando surgía este tipo de discrepancias, el fiscal de la Nación definía. Como remanente del militarismo, la fiscalía fue organizada por jerarquías. Es decir, el más alto cargo decidía. El resto, con dudas y murmuraciones, obedecía.
La revolución de los fiscales “Lava Jato”, en el breve periodo de Pedro Gonzalo Chávarry, destruyó esa jerarquía. Construir un nuevo sistema llevará tiempo. Así, sin quien defina, los fiscales provinciales reclaman el poder.
Puede que eso sea lo mejor para la institución, pero ese nuevo poder debe organizarse para que no prime el caos, como puede estar sucediendo en el caso “Cuellos Blancos”. La crisis institucional no está en el caso, sino en las deficiencias institucionales que pone en evidencia.
En busca de solucionar el problema, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, creó el Equipo Especial Cuellos Blancos, con la esperanza de que todos coordinen, sin que ella tenga que intervenir y que se crea que busca restablecer el “statu quo” previo a Chávarry
Pero los casos son distintos. En “Lava Jato”, las investigaciones están a cargo de fiscales provinciales, bajo la coordinación o “dirección” de un fiscal superior. Hay una jerarquía que permite que todo funcione.
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En “Cuellos Blancos”, algunos de los principales investigados tienen privilegios constitucionales que obligan a la participación de fiscales supremos en las investigaciones, además de los provinciales. Esto genera que las jerarquías no sean claras. Faltaría un coordinador o conductor.
Por lo realizado hasta ahora, la fiscal provincial Rocío Sánchez y el fiscal supremo y exfiscal de la Nación Pablo Sánchez dan la respuesta uno: es una red de jueces y políticos, con lo cual los otros serían víctimas de las circunstancias.
En tanto, que las decisiones del fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón dan la respuesta dos, de una red dirigida por abogados infiltrados en el sistema judicial, con la activa colaboración de empresarios, políticos, magistrados y otros interesados en obtener beneficios al margen de la ley.
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Esta diferencia de enfoques está creando problemas, dudas y ataques desde fuera del Ministerio Público. A partir del pedido de prisión preventiva de los exasesores del CNM se dice que hay la intención de silenciarlos, por el caso del JNE. Eso no es correcto, no hay forma de silenciarlos. La Corte Suprema rechazó la prisión preventiva.
También se está diciendo que en la fiscalía provincial se encubre o se minimiza el papel de los abogados y empresarios, por centrarse en los magistrados. Eso tampoco es correcto, pues todavía no hay definiciones.
En realidad, puede que ambos grupos tengan razón y la discrepancia este en cómo se mira el conjunto y cómo tratar e investigar a todos los involucrados.
Ambas posiciones coinciden en que “Cuellos Blancos del Puerto” es una organización con muchas redes, con intereses y objetivos distintos, una especie de cooperativa.
La diferencia está en quien la dirige y el papel que desempeñaron cada uno de los involucrados, que magistrados, empresarios, abogados y políticos fueron actores, que nadie es ajeno y menos víctima.
Las líneas de investigación y estrategias deben sustentarse en pruebas. El equipo 1 se basa en los CNM audios y los colaboradores eficaces. El equipo 2, en los antecedentes de los investigados, audios y otros colaboradores.
Lo importante es que las investigaciones nos den la respuesta, sin sesgos que distorsionen todo ante la opinión pública, y que se sancione a los responsables, sin afectar a terceros.
El caso Los Cuellos Blancos del Puerto está lleno de colaboradores y testigos protegidos que están aportando importante información.
La fiscal Rocío Sánchez comparte con el fiscal supremo Pablo Sánchez a los principales colaboradores: abogados, asistentes y asesores que ayudan a dar contexto e historia a los CNM audios.
El fiscal supremo Jesús Fernández tiene la colaboración de Walter Ríos, quien entrega información que amplía la investigación más allá de los CNM audios.
Todos deben avanzar a las acusaciones y los juicios públicos, dos años después de descubrirse todo.
Asesores. A fines de agosto, el fiscal supremo Jesús Fernández solicitó la prisión preventiva de los exasesores del CNM Pablo Morales y Miguel Torres. Ambos son colaboradores de la fiscal Rocío Sánchez y el fiscal supremo Pablo Sánchez, por lo que esto se vio como un ataque personal.
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