El último jueves 18 se conoció que 23 congresistas representantes de Lima y Callao cobraron 15.600 soles al Congreso por gastos de instalación, a pesar de que residen en la misma ciudad en la que se encuentra el Palacio Legislativo.
A raíz de ello, Paul García, de Acción Popular; y Cecilia García, de Podemos Perú, dos de los cuestionados por recibir dicho monto, intentaron justificar aquello al mencionar que lo usaron para ayudar a gente que necesitaba y que, si no lo cobraban, el dinero podría perderse en las arcas del Estado.
Por ejemplo, Paul García, quien es legislador por Callao, señaló que donó el dinero en productos de primera necesidad y que, además, “un derecho se utiliza como uno desea”.
Comentarios de Paul García.
Por su parte, la parlamentaria de Podemos Perú mencionó que, “si no cobraba [los 15.600 soles], volverían al Tesoro Público y quizás hasta llegaban a los bolsillos de las privilegiadas AFP”, por lo que, según escribió en su cuenta de Twitter, decidió invertirlos en instalar cámaras de seguridad en buses de transporte público que la apoyaron durante su campaña electoral.
Al respecto, es necesario para regresar al documento que autorizó los mencionados pagos: el acuerdo de Mesa N° 003-2020-2021, suscrito el último 17 de marzo, un día después que la actual representación nacional entró en funcionamiento.
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De acuerdo al segundo punto de este acuerdo, el grupo de trabajo presidido por Manuel Merino e integrada por los vicepresidentes Luis Valdez, Guillermo Aliaga y María Cabrera, se dispuso que la Dirección General de Administración informe cuáles son los parlamentarios que no cobraron por gastos de instalación, “a fin de que la Mesa Directiva determine el uso de los recursos no utilizados”.
Parte del acuerdo N° 003-2020-2021
Consultado por este medio, Aliaga Pajares, quien es congresista de Somos Perú por Lima, informó que la administración del Parlamento ya informó a la Mesa Directiva sobre el dinero que no se usó para la instalación de la representación nacional, pero que aún no han decidido su destino.
“La Mesa sí ha sido informada, pero todavía no se ha destinado el uso de esos recursos. Esos recursos no han regresado al Tesoro Público”, expresó.
Asimismo, sobre la polémica por el cobro de los gastos de instalación, Aliaga mencionó que renunció a ese cobro porque no necesitaba realizar “un mayor desplazamiento” para instalarse en la capital, debido a que reside en Lima.
“Renuncié a esos gastos parar no generar ningún tipo de cobranza que no la iba a emplear para tal fin”, agregó.
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