Los casos y denuncias que verá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
El 2019 dejó varios indicios de corrupción vinculados a funcionarios públicos que hoy ya no están en la luz mediática. Ahora el nuevo Congreso debe actuar rápido si quiere cumplir, en algo, con la ciudadanía cansada de ver a éstos aprovecharse de sus cargos para beneficio personal.
Son más de 100 casos que trabajará de ahora en adelante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Así lo adelantó, “extraoficialmente”, su presidente Luis Roel Alva de Acción Popular.
"Tengo conocimiento que hay más de 100 casos pendientes, en distintos estados, algunos para analizar la admisibilidad o procedencia y otros que ya fueron declarados procedentes y deben ser asignados a un miembro de la subcomisión a fin de que prepare la denuncia”, sostuvo.
Esta comisión especial fue aprobada con 27 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención durante una sesión virtual el último jueves, eligiendo a Luis Valdez Farías de Alianza para el Progreso como vicepresidente y a Guillermo Aliga Pajares de Somos Perú como secretario.
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El trabajo de los 19 integrantes de esta subcomisión será de gran relevancia ya que es la encargada de tramitar las denuncias constitucionales a los altos funcionarios del Estado como: el presidente de la República, los ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional, los fiscales y jueces supremos, congresistas, entre otros.
“El trabajo de la subcomisión debe centrarse en cumplir la promesa de que somos un nuevo Congreso que reconoce la imperiosa necesidad de luchar contra la corrupción”, expresó Luis Roel.
En efecto, estos funcionarios no pueden ser investigados por la Fiscalía sin antes pasar por el procedimiento del antejuicio político, mecanismo necesario para denunciar delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
El año pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó diversos casos contra funcionarios del Legislativo, el Poder Judicial y el mismo Ministerio Público, evidenciando un claro blindaje de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular a personajes como: Pedro Chávarry, César Hinostroza, Moisés Mamani, Héctor Becerril, y otros, que hoy volverían a la opinión pública.
Entre los pendientes figuran las denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y los fiscales supremos Víctor Rodríguez Monteza y Jaime Alcides Velarde.
Tampoco se vieron los casos de los exmiembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Águila, Julio Gutiérrez Pebe, Sergio e Iván Noguera, Orlando Velásquez, y contra el ex vocal supremo: César Hinostroza.
Pedro Chávarry en la mira
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Justamente, uno de los casos más importantes que quedó en espera es el de Pedro Chávarry, quien renunció al cargo de fiscal de la Nación en enero del 2019 tras la declaratoria de emergencia de la institución por actos y enfrentamientos con el equipo Lava Jato.
“Es importante retomar la agenda pendiente, sobre todo en los casos de notorio interés público. Estos tienen que ver con Los Cuellos Blancos. Concretamente, el caso del fiscal Chávarry es el primero que debería tomarse en cuenta”, manifestó el constitucionalista Luciano López a La República.
Chávarry tiene una acusación constitucional por el delito de encubrimiento real, en su modalidad de instigador, pena que no dura más de 2 años.
Esto debido a que en diciembre del 2018 anunció sorpresivamente la separación de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.
El hecho generó el rechazo de la mayoría de peruanos, quienes protestaron en las calles pidiendo la salida de Chávarry tras relevar de sus funciones a aquellos que empezaron a tomar medidas, junto con los otros miembros del Equipo Especial, contra los integrantes de Los Cuellos Blancos del Puerto, organización criminal vinculada al exfiscal de la Nación.
El antejuicio a Luciana León
Luciana León Foto: La República
Otro asunto que verá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el relacionado a Luciana León, quién habría usado su influencia como parlamentaria para pedir favores a ministros en beneficio de su hermano, Rómulo León Romero.
Unos chats revelados en Cuarto Poder en marzo de este año, constataban que León habría usado su cargo en el Congreso para pedir favores a autoridades policiales e, incluso, solicitar a su resguardo personal, que hiciera las compras del mercado.
Estas conversaciones la relacionaron aún más con Los Intocables Ediles, organización criminal dedicada al cobro de cupos en el emporio comercial de Gamarra, de la que, según la Fiscalía, la exlegisladora sería el brazo político y legal.
Sobre esto, Luciano López sustenta que se tendría que confirmar si la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formuló ya alguna acusación constitucional contra la excongresista aprista debido a que cesó su cargo parlamentario pues los delitos de los que se le acusa fueron realizados en el ejercicio de sus funciones congresales.
“A ella (Luciana León) le corresponde el antejuicio político. Hay que ver cuando se va a iniciar el antejuicio porque ya las diligencias preliminares han culminado”, explicó el letrado a este medio.
Las denuncias contra César Hinostroza
Situación legal se complica para investigado.
El exjuez supremo César Hinostroza, vinculado también a Los Cuellos Blancos, es otro exfuncionario que deberá pasar por el proceso parlamentario antes de ser juzgado por la justicia peruana.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida en ese entonces por el fujimorista César Segura, decidió declarar inadmisible la denuncia presentada por el fiscal supremo Pablo Sánchez contra Hinostroza Pariachi.
La agrupación aseguró que la denuncia no cumplió los requisitos de admisibilidad y procedencia, debido a que fue presentada por un fiscal supremo “que no está capacitado para ese recurso”.
“El caso de Hinostroza tiene más denuncias constitucionales por los delitos que se le imputan. Se debe tomar en cuenta que su extradición aún está pendiente. El tema es ver si el presidente de la subcomisión pondrá énfasis en la agenda. Lo lógico sería empezar por los casos de interés público”, dijo López.
Esta acusación constitucional contra César Hinostroza incluía una presunta comisión de delitos como: organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo, cohecho activo y tráfico de influencias, todos contemplados en los artículos 317, 385, 395, 398 y 400 del Código Penal, respectivamente.
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Los vínculos de Héctor Becerril
Fiscalía indica que los hechos que denunció Becerril no constituyen la comisión ilícita de coacción.
El caso de Héctor Becerril sería uno de los que estaría en la agenda de Luis Roel Alva pues el exlegislador del fujimorismo aún es investigado por el Ministerio Público desde mayo del 2019 debido a sus presuntos vínculos con ‘Los Wachiturros de Tumán’, organización criminal en Chimbote que busca adueñarse de la Empresa Agroindustrial Tumán S. A.
Becerril también es relacionado con el grupo ‘Los Temerarios del Crimen’, a cargo del fiscal provincial de Lambayeque, Juan Carrasco Millones, quien dijo estar amenazado de muerte a fines de diciembre tras descubrir el plan de unos reclusos en el penal de Challapalca.
Situación muy similar fue la del implicado en el caso ‘La Hermandad del Norte’, David Guerrero Rodríguez o ‘Ñoño’, quien acusó a Héctor Becerril de amenazarlo con atentar contra su vida.
“El fiscal (Juan Carrasco) está jodiendo y por eso era necesario que le haga entrega de los videos donde el interno ingresaba a la Fiscalía de Carrasco Millones, vouchers de depósitos que el comandante Rojas Caballero le hacía por colaborar con las autoridades, con lo cual lo tumbaban todo", habría sido lo que le dijo Becerril a Guerrero.
No obstante, en marzo del 2019, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó priorizar las denuncias 296, 297, 299 y 300 contra el excongresista de Fuerza Popular.
“Queremos demostrar que no somos el Parlamento anterior y que pondremos todo lo que esté a nuestro alcance para colocar en la agenda prioritaria los casos que la ciudadanía requiere que se resuelvan para bien o para mal”, asentuó Luis Roel Alva.
Los otros casos pendientes
Moisés Mamani y Yesenia Ponce ya han sido suspendidos con anterioridad. Composición: La República.
Además de los ya mencionados, también están pendientes los casos contra los exparlamentarios del Congreso disuelto: Moisés Mamani, Daniel Salaverry, Carlos Bruce, Javier Velásquez, Roberto Vieira, Yesenia Ponce, entre otros.
Roberto Vieira, por ejemplo, es investigado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado. Esto después de que un familiar lo acusara de pedirle dinero a cambio de tramitar un permiso de pesca ante el Ministerio de la Producción.
El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, fue denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el entonces congresista naranja Ángel Neyra, quién aseguró que Salaverry cometió infracción frente a seis artículos de la Constitución, ocho del reglamento del Congreso, cinco del Código Penal y cuatro de la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Neyra sostenía que Salaverry quiso ampliar la legislatura, supuestamente de forma unilateral e irregular, para reincorporar a los exlegisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez luego de que fueran suspendidos.
“Sería recomendable que el congresista Luis Roel pase lista a todos estos temas inmediatos porque recordemos que este es un Congreso que completa el mandato del anterior y por ende su tiempo es muy corto. Le queda un año para que pueda abogar todas esas denuncias”, finalizó López.
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