Buscan declarar “personas no gratas” a embajadores que enviaron carta al Congreso
Los congresistas Jim Mamani y Javier Mendoza exhortaron al Gobierno a “tomar acciones diplomáticas” contra los representantes de Canadá, Colombia, Francia y Australia, quiénes expresaron su preocupación por ley que suspende el cobro de peajes.
La República en GoogleRechazo. Los parlamentarios Jim Mamni Barriga y Javier Mendoza Marquina interpusieron una moción en el Congreso de la República con el fin de declarar “personas no gratas” a los embajadores de Canadá, Colombia, Francia y Australia.
Esto, tras la carta enviada al presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, con el fin de expresarle su preocupación por la ley que suspende el cobro de peajes, ya que “vulnera la estabilidad jurídica para invertir en el Perú".
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El documento sostiene también que el Congreso debe “rechazar la comunicación remitida por parte de los representantes diplomáticos de Canadá, Francia, Australia y Colombia en el Perú, la cual busca defender los intereses empresariales extranjeros de las concesionarias de peajes, en contra de la salud e integridad de los peruanos”.
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En efecto, los representantes de estos países precisaron dos puntos por lo que mostraron su desacuerdo con la ley que suspende el cobro de peajes o ley 31018.
El primero está relacionado con la incertidumbre frente al término de la cuarentena. Frente a ello, sostienen que el impacto financiero es incalculable, resaltando el trabajo de las empresas concesionarias de la red vial nacional del Perú provenientes de Canadá, Colombia, Francia y Australia.
Asimismo, sostienen que la suspensión del pago de los peajes “vulnera seriamente la estabilidad y seguridad jurídica y contractual”.
Por otro lado, la moción presentada por los parlamentarios también exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, “a tomar las acciones diplomáticas correspondientes en defensa de la soberanía nacional de los peruanos así como la no sumisión ni complacencia con los interés extranjeros”.
Cabe mencionar que los embajadores argumentaron que “la inversión privada ha sido un componente vital en el crecimiento y desarrollo económico del Perú, colaborando significativamente en reducir la pobreza a niveles mínimos históricos”.
De igual manera mencionaron a la demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley, hecha por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.
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