Política

“Carta de embajadores debió canalizarse a través de la Cancillería”, afirma la SPDI

La Sociedad Peruana de Derecho Internacional instó al Congreso a evaluar las posibles consecuencias en la economía que dejaría la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

SPDI señala que documento debió ser canalizado a través de la Cancillería.
SPDI señala que documento debió ser canalizado a través de la Cancillería.

El Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) señaló este sábado que la carta que los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia enviaron al Congreso de la República sobre la ley que suspende el cobro de peajes a nivel nacional, no siguió el procedimiento establecido para canalizar asuntos internos.

A través de un pronunciamiento, la SPDI señaló que los países mencionados, así como el Perú, forman parte de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, y cuyo artículo 41 señala que “los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores o por conducto de él".

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“Por tanto, la preocupación de los embajadores, expuesta en la citada carta, debió canalizarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Perú rige el estado de derecho, por lo que existen canales establecidos, tanto para los inversionistas extranjeros así como para las misiones diplomáticas, para expresar sus observaciones”, se lee en el texto de la mencionada sociedad.

Tras ello, la SPDI instó al Parlamento a evaluar el impacto y consecuencias en la economía nacional y la inversión extranjera que podría generar la suspensión del cobro de peajes durante el estado de emergencia nacional por el coronavirus.

El último jueves 4, los mencionados embajadores enviaron una carta al titular del Legislativo, Manuel Merino de Lama, en el que expresan su preocupación por la referida norma, ya que, según indicaron, “vulnera la estabilidad jurídica para invertir en el Perú”.

“Reconocemos la voluntad del Congreso de tomar medidas que protejan a la ciudadanía ante la propagación de la COVID-19. No obstante, consideramos crucial pronunciarnos sobre ciertos aspectos de la mencionada ley”, escribieron.

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