Congreso: familiares de Merino contrataron con el Estado por más de S/ 200 mil

En total, desde el 2012, los familiares del presidente del Congreso, Manuel Merino, han contratado con el Estado por S/ 228, 831.00.

La ley de contrataciones con el Estado prohíbe que los familiares de los congresistas contraten con entidades públicas mientras desempeñen su labor parlamentaria.

Sin embargo, hace ocho años, los parientes del titular de la Mesa Directiva vulneraron dicha ley, según un reportaje emitido el domingo por Punto Final.

Su madre, Elba de Lama, recibió S/ 37, 200 por alquilarle su vivienda al Instituto de Defensa Civil (INDECI) desde el 2012 al 2014. En ese periodo, Manuel Merino era congresista de Acción Popular (AP).

Por esos, años, su hermana Elba Merino cobró S/ 63, 500.00 por servicios otorgados al Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS), al Ministerio de Vivienda, el Programa de Saneamiento Rural y a la Municipalidad Distrital de Ramón Castilla, de Piura.

Marco Merino, en el mismo lapso, facturó S/ 100, 991.00 con Joaquín Servicios Múltiples, por brindar servicios de construcción a las comunas de Morropón, La Matanza y El Tallán, también de Piura.

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) es la institución facultada para sancionar a la madre y hermanos del presidente del Parlamento.

Su descargo

Manuel Merino respondió a Punto Final que él desconocía los hechos y que había avisado a sus familiares sobre estos impedimentos.

Al cierre de esta nota, alegó que ellos no suscribieron nuevos contratos cuando él era legislador, sino que, básicamente, eran prórrogas de convenios establecidos con anterioridad, que fueron ampliándose.

“Hay un pronunciamiento del OSCE (…) que identifica que cuando hay un contrato anterior este se puede seguir manteniendo”, respondió.

“Ella (mi hermana) viene contratando con el Estado desde el 2007. Yo no sé los negocios que tienen ellos”, agregó.

Incluso, refirió que esta situación fue investigada por el Ministerio Público y archivada en su momento.

Por otro lado, su hermano, Marco Antonio Merino, mediante la empresa Joaquín Servicios Múltiples, contrató en febrero último con la Municipalidad de Tambo Grande por S/ 27, 140, semanas antes que el legislador de Acción Popular asuma sus funciones.

El acciopopulista dijo que ese convenio data de noviembre del año pasado.

Mientras no aclare esta situación, el Congreso debe evaluar qué sanción política le corresponde.

Urge declaración de intereses

Para evitar suspicacias, por eso, es necesario que los 130 parlamentarios presenten su declaración jurada de intereses.

El 7 de mayo, sin embargo, el Pleno aprobó de manera express que los congresistas ya no reporten esa información a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sino al Congreso, y luego este sería derivado a la Contraloría General de la República.

Es decir, el Congreso apuesta por regularse así mismo.

Merino defendió esa ley: “Por la independencia de poderes y no por la impunidad de los parlamentarios se está haciendo una modificación en el reglamento del Congreso para que todos (…) hagan su declaración de interés a la Contraloría”.

Una semana después, admitió que aún no presenta su declaración jurada de intereses. “Tienes que hacer un árbol cronológico de tu familia”, se excusó. Y miren las consecuencias.

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