Peritaje concluye que no sirven 35.000 mascarillas compradas por PNP

Las 35 mil mascarillas con válvula tipo N95 que compró el director de la Aviación Policial, general PNP Alfredo Vildoso Rojas, no cuentan con las especificaciones técnicas necesarias para la protección del personal policial, según un informe del Área Física Forense de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público.

El peritaje es una confirmación de una investigación de La República sobre la deficiente adquisición policial publicada el 28 de enero. Sin embargo, dos días después, el general Vildoso le compró a la misma empresa Ka’linson Perú el mismo producto que pone en riesgo la vida de los policías.

En efecto, el 11 y 30 de abril últimos, el general Vildoso suscribió contratos con la proveedora Ka’Linson Perú por el suministro de implementos de bioseguridad y útiles de aseo, limpieza y tocador, por más de 2.3 millones de soles.

En las dos ocasiones se incluyó la mascarilla o respirador con válvula, cuyo diseño supuestamente correspondía a la norma internacional conocida como NIOSH 95 (Instituto Nacional para la Seguridad Ocupacional, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, como lo reveló este diario, lo que distribuyó el general Vildoso fueron mascarillas marca Life-2095-1 con el etiquetado Classified N95, desprovista de la certificación NIOSH 95.

Este diario preguntó al general Alfredo Vildoso por la diferencia entre la mascarilla que se requería y la que se terminó comprando, a lo que contestó que se eligió el producto de la empresa Ka’Linson Perú porque era la más barata del mercado. Es decir, sabía que no se trataba del producto exigido por las normas técnicas.

La hora de la ley

El fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Callao, Francisco Alarcón Solís, encargado de la investigación de las compras sospechosas en la Dirección de Aviación Policial, requirió a la Oficina de Peritajes si las mascarillas compradas por el general Vildoso concordaban con el requerimiento técnico.

En su informe final, los peritos Ruth Atalaya Chávez y Yosselyn Ccasani Guillén concluyeron que las mascarillas o respiradores adquiridos a la compañía Ka’Linson, además de no cumplir con las exigencias del usuario, representaban un peligro para la integridad de los agentes policiales.

Los peritos son precisos al señalar que la certificación NIOSH “es un requisito indispensable para su uso en la prevención de contagio de agentes virales como el caso del Covid-19”.

Como comprobaron los peritos del Ministerio Público, las mascarillas compradas por el general Alfredo Vildoso ni siquiera contaban con el sello del NIOSH, una comprobación de que no son aptas tanto para evitar el contagio como para no diseminar el nuevo coronavirus.

“No presenta el logotipo NIOSH al lado de la clasificación N95. No presenta lote del producto. No presenta el código de aprobación por la NIOSH: TC84A-5350”, señala el informe de los peritos.

En el informe elevado al fiscal Francisco Alarcón, los peritos ratifican que las mascarillas vendidas por la empresa Ka’Linson no son los que pidió la Dirección de la Aviación Policial, sin embargo, el general Alfredo Vildoso las aceptó, desprendiéndose que pudo haber existido un entendimiento entre el proveedor y el usuario.

“(Las mascarillas) no cumplen con los requisitos técnicos indispensables nacionales e internacionales respecto a respiradores de tipo N95, por lo que no es idóneo para su uso por no garantizar con eficacia la prevención y control para disminuir el riesgo a la salud de las personas”, señalan los peritos.

Lo que llama la atención es que La República abordó al general Vildoso poco después del primer contrato, para indicarle que la mascarilla proveída por Ka’linson no correspondía a la exigencia técnica. Sin embargo, incluso después de la publicación de la investigación de este diario, el 30 de abril volvió a firmar contrato con la misma empresa por el mismo producto ahora cuestionado.

El jueves, el fiscal anticorrupción Francisco Alarcón, como consecuencia del resultado del peritaje, intervino las instalaciones de la Dirección de la Aviación Policial para incautar evidencia material y documental debido a la fuerte sospecha de que existió colusión entre el general Vildoso y la empresa proveedora.

No aptas para la pandemia

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