La junta de Fiscalías Provinciales Titulares a nivel nacional realizada el último miércoles 13 de mayo acordó una serie de puntos con la finalidad de cumplir medidas de protección contra el coronavirus (COVID-19).
Tres puntos específicos fueron abordados en la reunión virtual, entre los que participaron los representantes de 20 distritos fiscales: del Santa, Tacna, Cajamarca, Cañete, Lima Norte, Lima Este, Lima Noroeste, Lima, Callao, Apurímac, San Martín, Áncash, Sullana, Huánuco, Piura, Arequipa, Moquegua, Ica, Huancavelica y La Libertad.
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El punto más importante de la agenda que dirigió el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales Titulares del Distrito Fiscal del Santa, Jorge Vega Aguilar, fue el postergar las labores presenciales hasta que se apliquen pruebas de descarte de COVID-19 a todo el personal fiscal y administrativo de las sedes.
“Postergar el trabajo presencial del personal fiscal y administrativo hasta que se realice la prueba de descarte COVID-19 rápida y/o molecular, continuando con el trabajo remoto mientras no se realicen las pruebas antes indicas y estando a la cantidad de Fiscales y Personal Administrativo infectado, es necesario se dé cumplimiento con carácter de urgente lo indicado en forma precedente”, menciona el acta de los distritos fiscales que estuvieron de acuerdo con esta sugerencia, y a la cual accedió La República.
En la sesión que se efectuó por videoconferencia, acordaron como parte del primer punto en agenda que se implementen los accesorios de bioseguridad: guantes, mascarillas N95, mamelucos y termómetros digitales, necesarios para el personal que cumplan turnos y posturnos en los distritos fiscales citados líneas arriba. Sin estos requisitos, aclara el documento, no regresarán a laborar de manera presencial en sus distintas sedes.
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Este primer acuerdo será presentado a la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos así como a la Gerencia General del Ministerio Público para que soliciten las gestiones necesarias y salvaguardar la integridad de los trabajadores con los accesorios de bioseguridad y las pruebas del COVID-19.
El segundo punto acordado en la sesión estuvieron dirigidos a que todos los fiscales “solo deban rendir el 3% de los Gastos Operativos mediante boletas y/o facturas desde el mes de marzo 2020 hasta el término del Estado de Emergencia Sanitaria”.
Un último tema de la agenda fue advertir la convocatoria de audiencias presenciales en la Corte Superior de Justicia de Cañete, donde se “pone en riesgo la salud e integridad física debido a que pueden ser contagiados de COVID-19 de los señores Fiscales”.
El oficio de esta última alerta estará dirigida a los órganos de Control Interno de la Fiscalía de la Nación así como del Poder Judicial puesto que en varias regiones del país se han utilizado, preferentemente y por motivos de seguridad, las sesiones virtuales por Hangouts Meet o Zoom.
Si bien la cifra de infectados a nivel nacional ha alcanzado los 92 mil, 11 fiscales adjuntos en Lima se han visto afectados también con el virus que se propagó desde China.
Otros 6 trabajadores de la misma sede de la Fiscalía Provincial Titular de Lima también fueron infectados.
Esta situación ha alertado a diversas sedes del Ministerio Público, que ha iniciado acuerdos a fin de contrarrestar posibles contagios.