Coronavirus: 11 fiscales de Lima resultaron positivos
Otros seis trabajadores de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima también fueron contagiados y piden más atenciones sanitarias y descartes para sus familiares.
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El Ministerio Público ya registra casos de coronavirus (COVID-19) en su institución luego de más de 50 días de aislamiento social obligatorio.
Dada la naturaleza de sus labores, así como en el Poder Judicial, la Policía Nacional y otras entidades del Estado, los fiscales y trabajadores han mantenido contacto con entornos y posibles infectados del virus que llegó al país en marzo desde su propagación en Wuhan, China.
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La República pudo conocer que, desde el último viernes 8 de mayo, 11 fiscales adjuntos provinciales de Lima, 4 miembros del área de Subgerencia de Transportes y 2 asistentes administrativos del turno penal, resultaron positivos tras someterse a pruebas rápidas.
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“Resulta necesario, urgente e indispensable atenderlos, y es por esta razón que solicito se habilite el seguro laboral y sean atendidos en la Clínica San Pablo o Clínica San Gabriel, a efecto de que pasen la prueba de hisopado, tanto ellos como sus familiares más cercanos, con la finalidad de determinar si han sido contagiados”, señala una carta de Katharine Borrero Soto, presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales Titulares de Lima a la gerenta de Bienestar del Ministerio Público, Mary Casselli Benvenuto
La misiva fue enviada a la oficina de Bienestar de la Fiscalía de la Nación el viernes de la última semana y solicita una “atención prioritaria” al personal mencionado líneas arriba y sus respectivos familiares.
Fuentes del entorno implicado en esta situación informaron que a la fecha aún no reciben respuesta oficial de la Gerencia. En la carta, la fiscal Katharine Borrero pide además apoyo psicológico para los afectados mediante trabajadoras sociales.
Panorama sanitario
El reporte mas reciente del Ministerio de Salud informó que hay más de 68 mil casos a nivel nacional, siendo Lima y Lambayeque los departamentos con más cantidad de infectados.
A ello se suman los problemas de hacinamiento en los centros penitenciarios del país. Como propuesta, el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para descongestionar los penales aplicando conversiones de penas, alternativcas menos graves que las prisiones preventivas, entre otros.
Tanto los fiscales como el personal judicial han tenido en el desarrollo de la cuarentena un papel clave para que siga en funcionamiento el engranaje de persecución del delito y sanciones. En este proceso han resultado afectados distintos trabajadores por el COVID-19.
