Defensoría: “Archivo de proyectos sobre deshacinamiento arriesga la vida de internos”
El órgano dirigido por Walter Gutiérrez sostuvo que el rechazo parlamentario a las propuestas del Poder Judicial y Ejecutivo comprometen una iniciativa del Congreso.
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La Defensoría del Pueblo expresó que el rechazo del Congreso de la República a los proyectos, que planteaban medidas excepcionales para el deshacinamiento de las cárceles frente a la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), pone en riesgo la vida de la población penitenciaria y genera responsabilidad internacional para el Estado.
“El deshacinamiento de centros penitenciarios y juveniles, demanda la acción conjunta del Estado tal como ha sido demandado por la Organización de las Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo”, se lee en una publicación en Twitter del órgano autónomo.
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En tal sentido, la Defensoría indicó la decisión de la representación nacional sobre las propuestas del Poder Ejecutivo y Judicial compromete un proyecto nuevo del Parlamento.
En los últimos meses, diversas autoridades alertaron sobre el riesgo en el que estaban los internos del país debido a la sobrepoblación y hacinamiento en el que se encontraban.
De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en enero de este año se registró a un total de 97.643 presos, cuando la capacidad de albergue es menor a la mitad de la demanda: 40.339.
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Ante ello, y a los constantes motines registrados por el temor de los reclusos por la mencionada enfermedad, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial presentaron al Congreso de la República proyectos que buscaban aliviar el hacinamiento.
Estas iniciativas, tras una semana sin ser revisadas, fueron acogidas por la Comisión de Justicia, grupo de trabajo en la que el pasado martes 12 recibió al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, y al juez supremo César San Martín para la exposición de los proyectos.
Tras esta sesión, esta comisión, dirigida por la legisladora Leslye Lazo, elaboró un dictamen que tenía el consenso de la mayoría parlamentaria, y que recogía las propuestas del Poder Judicial y Ejecutivo. Podemos Perú elaboró un documento en minoría.
Sin embargo, ambas iniciativas fueron rechazadas por el Pleno del Parlamento el último sábado 16.
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