Hay más riesgos y costos que beneficios en suspensión de cobro de peajes

El proyecto de Ley que propone suspender el cobro de peajes durante la emergencia nacional tendría más perjuicio para el Estado, que beneficios para los ciudadanos, de acuerdo con los informes presentados a la Junta de Portavoces del Congreso, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público (MEF) y Ministerio de Economía y Finanzas.

A nivel nacional operan 76 peajes , de los cuales al día de hoy solo se cobra la tasa de tránsito en 22 puntos, en la costa peruana, en vías que fueron construidas o rehabilitadas por empresas concesionarias, sin apoyo del Estado. En los otros 56 peajes, que tiene financiamiento o cofinanciamiento del Estado, ya no se cobra el peaje.

En este sentido, la norma del Congreso alcanzará a esos 22 peajes y es entonces que surgen las dudas sobre a quien realmente beneficia esa norma, en momentos que por la inmovilización social la gran mayoría de ciudadanos no están utilizando sus vehículos y tampoco funciona el transporte interprovincial de pasajeros.

Los promotores del proyecto señalan que beneficiará a los camioneros, que es un grupo muy reducido de usuarios. Además, un colectivo que hoy se favorece de la rebaja de los combustibles, por la caída del precio internacional del petroleo.

Beneficiaria a las concesionarias

Así, es alto probable que los que más resulten favorecidos sean las concesionarios de los peajes. De acuerdo con los contratos, ellos están obligados a ofrecer servicio de ambulancia o grúa ante cualquier accidente que pudiera ocurrir y mantener las vías en optimas condiciones de operatividad.

Hoy deben asumir ese gasto a pesar de que sus ingresos se han reducido. Si el Perú afecta sus contratos, que están protegidos por convenios de estabilidad, pueden exigir ante los organismos internacionales, como el CIADI, una reparación económica.

Además, se comprometería el avance de obras que están comprometidas con parte del cobro del peaje. El MTC y Ositrán han mencionado el caso de la Vía Evitamiento de Chimbote de la Red Vial 4, cuya nueva construcción va a reducir el tránsito en esa zona en 15 minutos. A su vez, el Estado dejará de percibir el IGV por el cobro del peaje.

Si se suspende el cobro de peajes, los concesionarios ya no tendrán la obligación de cubrir los servicios de mantenimiento y limpieza de vías y otros, lo que tendrá que ser asumido por el MTC. Dicho ministerio calcula que tendría que realizar una inversión de 700 millones de soles para mantener las carreteras, un monto que supera el presupuesto que recibe la universidad Mayor de San Marcos, Cuna Más o pensión 65 y que tendrá que salir de otra entidad pública.

Tampoco es que el MTC pueda entrar en operaciones tan pronto como se apruebe la norma o se retiren los concesionarios. Podrían pasar hasta dos meses, para que el Ministerio de Transportes pueda operar en estas vías, que estarían durante ese tiempo casi abandonadas.

Demandas ante el CIADI

Pero, el mayor perjuicio que podría ocasionar al país es la perdida de credibilidad ante los organismos internacionales. El Perú viene ganando muchas controversias internacionales porque hasta el día de hoy ha respetado la estabilidad de los contratos. Eso podría cambiar con una demanda múltiple de las seis empresas concesionarias de esos 22 peajes, hasta por otros 400 millones de soles.

Esta ley parece ser beneficioso para los ciudadanos, pero no lo es y no hay ninguna proporción entre el costo que tendremos que pagar todos los peruanos para beneficiar a un grupo muy reducido, que son los transportistas. Incluso se perjudica, por ejemplo, a pobladores de Puno que tendrán que asumir los costos de la suspensión de los peajes con sus impuestos, para peajes que están en la costa, habría recordado la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

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