Diego García-Sayán: “Hay una bomba de tiempo en los penales que el Ejecutivo debe desactivar”

La alta sobrepoblación penitenciaria en las cárceles del país son foco para un rápido y peligroso contagio del COVID-19 que podría generar muchos muertos, por lo que es urgente que el Ejecutivo lidere un conjunto de acciones que permita descongestionar las penales, sin liberar, por cierto, a reclusos de alta peligrosidad, señala el relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados.

Diego García-Sayán anota que es evidente que este es un tema sensible en un contexto de alta delincuencia, pero advierte que tanto para el derecho internacional, como para el interno, las personas privadas de libertad están bajo la responsabilidad y cuidado del Estado.

¿Cómo ve la situación penitenciaria en el Perú frente al COVID-19?

Estoy desconcertado. Hay liderazgo y grandes y muy correctas iniciativas desde el gobierno en materia de seguridad, salud, subsidios a los más necesitados. En la parte penitenciaria falta liderazgo. Me parece que se está esperando un motín o que aparezcan 40 muertos para tomar alguna decisión. Ellos también requieren atención del Estado. En la atención a la pobreza hay, por cierto, responsabilidad del Estado y de varios, pero los reclusos y las reclusas están bajo responsabilidad directa y exclusiva del Estado. Es cierto, que en cualquier contexto los presos no generan mucha simpatía social y menos cuando hay mucha delincuencia, pero hay una responsabilidad jurídica, ética y moral con ellos. Es muy importante que esto se asuma con seriedad y que la línea de acción no sea “aquí no entra nadie más” como si se pudiera parar la rueda de la historia y de hechos delictivos que se pudieran estar produciendo ahora.

¿Por qué dice que los presos están bajo responsabilidad directa del Estado?

Las personas privadas de libertad en cárceles no son “gente que está allí”. Son personas que se encuentran bajo responsabilidad y atención directa del Estado. Es un grupo particularmente vulnerable por las condiciones de hacinamiento en los centros de reclusión y que, lamentablemente, no suele generar gran “simpatía social” en sociedades gangrenadas por la inseguridad.

¿Cómo están afrontando esta situación a nivel mundial?

Desde la Organización de las Naciones Unidas se viene insistiendo en este tema urgente. Lo han hecho la Alta Comisionada de DDHH y yo mismo como Relator de la ONU sobre independencia judicial. La Alta Comisionada en Derechos Humanos, Michelle Bachelet ha planteado como tarea urgente la reducción de la población carcelaria para bajar los factores de riesgo. Entre otras cosas ha señalado que “las autoridades deberían buscar formas para liberar aquellas personas especialmente vulnerables al Covid-19, entre ellos los detenidos más viejos o enfermos, también convictos de crímenes menores”.

¿Cuál ha sido la respuesta a esta preocupación?

En el mundo se vienen dando pasos concretos y ambiciosos para desactivar la bomba de tiempo que son las cárceles sobresaturadas como espacio evidente de contagio entre reclusos y al personal penitenciario. Algunos de los países más afectados por la pandemia ya han empezado a tomar algunas de esas medidas como liberar prisioneros. Las autoridades de la cárcel más poblada de Alemania, la de Rhine Norte en Westphalia, liberaron a 1.000 prisioneros que estaban a poco tiempo de cumplir sus sentencias. Solo excluyeron a condenados por delitos de abuso sexual o prisioneros violentos.

¿Fuera de Europa?

En países cuyos gobiernos no son particularmente “modelos” democráticos no les ha temblado la mano para tomar decisiones que impedirán que decenas de miles de personas se contagien y, eventualmente, mueran. En Irán, con una población penal de aproximadamente 250 mil internos, ya se dispuso la libertad de 54 mil reclusos. En Turquía, se aprobó una reforma al Código Penal para una espectacular descompresión de la población penal. Cerca de 50 mil internos de unos 300 mil, que estaban detenidos por delitos menores, podrían salir en libertad. Se critica que estén excluyendo a los presos políticos, pero evidentemente están adoptando una decisión que consideran necesaria.

¿En el Perú no se hace nada?

Hace una semana se anunciaba con gran voluntarismo que no había coronavirus en los centros penitenciarios. Lo que no tenía ningún sentido. ¿Cómo se podía decir eso, en lugares donde hay 100 mil personas hacinadas, si no se habían aplicado test ni pruebas? La realidad habló por sí sola a las pocas horas con un muerto en el penal Sarita Colonia. Empleados penitenciarios enfermos en Chimbote y otros lugares del país, no solo en Lima. De manera que la bomba de tiempo está allí.

¿Algún país de Latinoamérica ha tomado alguna decisión?

En América Latina se ha hecho poco en esta materia. Pero, hay que reconocer que en la región se había hecho poco o nada, cuando el Perú empezó a actuar de manera ordenada en prevención frente al coronavirus con un liderazgo muy serio por el gobierno y el presidente Martín Vizcarra. De manera que, no es malo que el Perú de la iniciativa también en este tema que es una bomba de tiempo en una serie de países en los que ya se han producido motines. Evitar que se llegue a una salida por la vía de motines sangrientos, sino por decisiones de Estado, que permita separar el grano de la paja y que la sacrificada labor de la policía, con víctimas de virus que ya hay en sus filas, no se vea distraída por eventuales hechos de violencia en las cárceles.

¿A quien le corresponde asumir esa decisión?

Es un liderazgo que depende mucho del Ejecutivo en interacción con el sistema judicial. Hay un montón de pasos que se deberían estar dando ya. No sólo estudiar, cómo se ha sugerido en la última sesión del Consejo de Estado, la situación de las personas detenidas por omisión a la asistencia familiar que son como 2,700. Estamos hablando de un universo donde hay prácticamente 100 mil internos e internas en el país. Se requieren más acciones.

¿Qué pasos deben darse?

Identificar aquellos casos donde las penas están por vencer y articular una respuesta entre el sistema judicial y el Ejecutivo. Lo que corresponda hacer desde el sistema judicial que se haga para que disponga ya libertades condicionales cuando se pueda hacer. Lo que corresponda hacer mediante conmutaciones de pena o indultos que lo haga el Ejecutivo. No solamente en delitos de omisión de asistencia familiar, sino en otros casos que, naturalmente, no sean hechos de sangre que puedan poner en peligro a la sociedad.

¿En qué casos?

Hay muchos internos que ya están en la fase final de cumplimiento de sus penas. Esos podrían ya estar identificados. El Ejecutivo les podría conmutar de pena, de preferencia a personas en edad avanzada, que tienen un riesgo mayor. También en el caso de las reclusas. Hay muchas internas que están embarazadas y otras que están detenidas por delitos menores de narcotráfico. Las burriers y otras. Muchas de ellas extranjeras. En lugar de mantenerlas en la cárcel debieran ser deportadas y remitidas a sus países. Entiendo que estas serían medidas que no generarían muchos aplausos en la comunidad, que no quiere ver reclusos en la calle. Pero, sino se asume el riesgo, podríamos ver muchos muertos en los penales.

Se tiene la idea de que en los penales están más protegidos, en aislamiento.

En los penales se dan las condiciones, que podrían denominarse de “laboratorio”, para el desarrollo del virus. Hay hacinamiento, deficientes condiciones de salud, agua de mala calidad, poco acceso a asistencia médica, alimentación deficiente. Es inverosímil que alguien pueda anunciar que la enfermedad no está en los penales, cuando no se han hecho ningún test.

Solo es el Ejecutivo puede actuar, ¿el Poder Judicial puede hacer algo?

Al igual que el periodismo y el Poder Ejecutivo se ha puesto las pilas con el teletrabajo, es momento que también el sistema judicial haga lo propio y empiece a funcionar en el siglo XXI y plena situación de crisis. Pero, hablo del Ejecutivo por qué ha demostrado en otros temas liderazgo y tiene las facilidades legales para tomar acciones más inmediatas y con más repercusión, con indultos y las conmutaciones de pena, obviamente a favor de personas que no generen mayor peligro al salir de prisión. Hay que dejar de lado a los que están presos por delitos de sangre, de extrema violencia.

¿Quien debería actuar en el Ejecutivo?

Así como han convocado comisiones para el enfrentamiento de la pobreza, el comando en salud que son decisiones muy correctas, muy valientes, se podría crear una comisión para ver el tema del hacinamiento en penales y cómo reducirlo, para no seguir tapando el sol con un dedo.

Diversos abogados han pedido que el Poder Judicial vea las prisión preventivas

Para eso serían las acciones del teletrabajo de las que estábamos hablando. Pero, hay que estar atentos a que no pesquen los grandes promotores de la corrupción. La gran masa de detenidos en el Perú no son por delitos de corrupción. Ellos no pasan de 100. Naturalmente, habrá que ver algunos casos específicos si es que correspondiera en temas de salud, de edad y lo que fuera. Ese es un espacio exclusivo del Poder Judicial, en el que el Ejecutivo mejor que no intervenga. El Ejecutivo si debe intervenir en los casos donde ya hay condena. También procederán liberaciones condicionales dictadas por los jueces.

El INPE comunicó al Poder Judicial que ya no recibirá más detenidos. ¿Qué le pareció?

Es algo muy extraño. En un proceso normal de funcionamiento de una sociedad hay situaciones que generan hechos delictivos y no es posible que un ente del Poder Ejecutivo renuncie a lo que es su obligación: recibir detenidos. Retenerlos indefinidamente en la carceleta del Poder Judicial no es aceptable ni es su función. La pregunta es por qué el Ejecutivo no ha hecho primero una limpieza en casa para no estar en una situación de inamovilidad.

Ha hecho muy poco

Lo único que se ha hecho es bloquear el régimen de visitas y ahora de nuevos ingresos. No me parece una decisión sensata por qué esas personas que han cometido un delito grave ¿a dónde van a ir? ¿Van a estar en la carceleta del Poder Judicial de manera indefinida? Eso no tiene sentido. Esa abdicación de funciones del INPE no es aceptable. Más bien lo que debe hacerse es que el INPE, otro sector del Ejecutivo y un ente independiente establezcan con prontitud unos lineamientos de acción política, de acción institucional y de acción jurídica en esta materia.

Viendo cada caso particular

Hay que revisar cada caso. Lo que se está haciendo ahora es una eliminación de las individualidades para decir nadie entra nadie sale. Se blindan las cárceles, pero eso no funciona porque siguen las comunicaciones. Una sociedad que quiere preservar el orden público tiene que asumir que hay personas que deben ser detenidas por qué están cometiendo algún delito. El Ejecutivo no puede decir ese no es mi problema. Sí es su problema y para eso debe limpiar la casa.

¿Qué pasa si no se hace nada?

Sino se hace nada se cultiva una peligrosa bomba de tiempo. En un momento, en que la policía está realizando un trabajo difícil, con personal contagiado, encima se le tenga que llamar para conjurar un motín, que en las actuales condiciones, podría producirse. También vemos que hay trabajadores penitenciarios que se han contagiado. Es inaceptable que eso haya sucedido. Se afectan ellos y son un factor de contagio de ellos, sus familias y los internos.

Por lo visto, no hay forma de hacer más test de descarte

Si no se puede aplicar test entonces debemos desactivar estos focos que fomentan y facilitan la expansión de esta enfermedad. Es indispensable el liderazgo del Ejecutivo. Es evidente que esta es una pata de la que está cojeando la acción gubernamental, que repito está siendo muy importante y muy positiva y cuenta con todo mi simpatía y apoyo.