Anuncio del INPE de cerrar penales para nuevos detenidos genera preocupación en el sistema judicial

Caos y desorden estaría generando la errática actuación del Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el cumplimiento de sus funciones y en el tratamiento de la población penitenciaria, frente a la pandemia generada por el COVID-19, señalan diversas fuentes judiciales consultados por La República.

El pedido del Ministro de Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero al Poder Judicial para utilizar el terreno del expenal San Jorge como espacio de aislamiento sanitario para reclusos que puedan contagiarse con el coronavirus SARS-CoV-2 fue bien recibida y respaldada por las autoridades judiciales y abogados.

El expenal San Jorge, ubicado en el centro de Lima, es hoy un gran terreno sin edificar. Las antiguas instalaciones penitenciarias fueron demolidas. El Poder Judicial tiene previsto construir en ese lugar, un nuevo edificio donde se ubicarán y funcionarán diversos órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Lima.

Las autoridades penitenciarias deberán levantar carpas o ambientes prefabricados para ubicar a la población penitenciaria. Se le considera una buena medida para evitar la propagación del virus en los penales, con un alta población de riesgo.

También reciben apoyo las propuestas para descongestionar los penales acelerando los procesos por omisión a la asistencia familiar, culminar los casos vía procedimientos abreviados o revisar las prisiones preventivas. Son temas que los jueces pueden desarrollar sin afectar su autonomía e independencia jurisdiccional.

¿Y dónde irán los presos?

En cambio, el oficio que el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Gerson David Villar Sandy remitió al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo para comunicarle que a partir de la fecha “se ha dado la disposición excepcional de no recibir e ingresar personas privadas de libertad al sistema penitenciario nacional” ha generado incertidumbre y preocupación.

Lo hecho por el INPE no va en la línea del Poder Ejecutivo en el Consejo de Estado, en la que se evalúo la política penitenciaria frente al coronavirus, a pedido del Poder Judicial. El gobierno dijo que evaluaba indultar a unos 2,700 reos por omisión a la asistencia familiar. La presidenta del TC, Marianella Ledesma pidió ver la situación de las madres que están presas por delitos no violentas o las que están gestando en en los penales.

De acuerdo con la Constitución Política, corresponde al Ministerio de Justicia, a través del INPE, hacer cumplir las resoluciones judiciales ya sea de sentencias condenatorias, órdenes de detención o de prisión preventiva.

El inciso 9° del artículo 118° de la Constitución establece que corresponde al presidente de la República: “cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”, lo que incluye las decisiones que privan de la libertad a los ciudadanos.

Por lo tanto, corresponde al Poder Ejecutivo ver dónde ubica a las personas privadas de su libertad. El Poder Judicial solo juzga y emita el veredicto de culpabilidad o inocencia o establece que una persona puede estar privada de su libertad mientras se le investiga o juzga.

“El INPE no puede decir que no va a cumplir su función de controlar y velar por los detenidos. Eso es un absurdo total, un sinsentido”, señaló un juez de la Corte Suprema bajo anonimato, para no generar división, dijo, en un momento en que el país requiere unidad.

Anotó que el hacinamiento en los penales, lo que el INPE argumenta para dejar de cumplir sus funciones, es un problema crónico que existe desde hace muchos años, antes que apareciera la enfermedad del COVID-19.

El INPE alega que no recibirá más internos “considerando los altos riesgos a la salud de los trabajadores penitenciarios y de los internos que se encuentran en los penales; toda vez que nos encontramos en emergencia sanitaria a nivel nacional y que la sobrepoblación y el hacinamiento penitenciario alcanza niveles críticos ya que tiene una capacidad de 40,600 internos y alberga, actualmente, a más de 97.600”.

Las fuentes judiciales enfatizaron que pese a la emergencia sanitaria el Poder Judicial seguirá emitiendo sentencias y dictando prisiones preventivas en casos flagrantes de grave afectación a la vida y la salud de las personas.

En otras palabras, el Ministerio de Justicia deberá ver dónde recluye a las personas que a la fecha sean detenidas, mientras dure el estado de emergencia, por cometer delito flagrante o ser detenidas por requisitoria judicial. Ese no es un problema del Poder Judicial.

Ahora, al no llevarlas a los centros penitenciarios, los detenidos podrían permanecer por tiempo indefinido en las carceletas judiciales que son pequeñas y se llenarán rápidamente, agravando el problema. Las carceletas, aunque operan en las sedes judiciales, están bajo administración del Poder Ejecutivo, a través de la policía o el mismo INPE.

El exministro del interior, Wilfredo Pedraza, a través de su cuenta en Twitter, consideró que cerrar los penales es una buena idea al no ingresar más internos y evitar un contagio, pero que la decisión del INPE requiere otras medidas del Ejecutivo que permita saber dónde serán recluidas las personas detenidas en flagrancia.

Por su parte el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe consideró que el INPE no le puede decir de manera unilateral al Poder Judicial que a no recibirá más internos. “Se trata de solucionar problemas, no de patearlos”, declaró en Canal N.