Las medidas del Ministerio de Justicia para contener la COVID-19 en los penales del Perú
El INPE junto al Ministerio de Justicia y representantes de los sindicatos de trabajadores penitenciarios acordaron la conformación de una comisión tripartita para enfrentar juntos al coronavirus en los penales del país.
Fernando Castañeda, ministro de Justicia y Derechos Humanos, indicó cuáles son las acciones que su sector viene implementando para contener el coronavirus (COVID-19) en los centros penitenciarios del Perú.
“A través del INPE nos hemos preocupado en realizar medidas para evitar contagios en los 68 penales del país”, expresó el titular del Minjus luego de reunirse con los sindicatos de la institución que dirige y controla las cárceles del territorio peruano.
Castañeda anunció la conformación de una comisión tripartita (INPE, Minjus y sindicatos) con el fin de sumar esfuerzos y enfrentar la propagación de la COVID-19.
Respecto a presupuestos, el ministro señaló que a través del Ministerio de Economía se viabilizó una transferencia de S/ 10 millones al Instituto Nacional Penitenciario del Perú.
Dicho monto viene invirtiéndose en la compra de equipos de protección para los trabajadores, compra de mascarillas, desinfección de ambientes, compra de útiles de aseo y potenciamiento de los servicios de agua, desagüe y luz.
Asimismo, el INPE solicitó al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud la adquisición de equipos de protección personal, por más de S/ 3 500 000 millones.
“Creamos un anillo de seguridad sanitaria en todos los penales con el fin de proteger a los trabajadores penitenciarios y reducir las posibilidades de contagio", sostuvo Fernando Castañeda.
Otras disposiciones para contener el nuevo coronavirus en las cárceles del Perú son:
- La suspensión de las visitas de familiares y el establecimiento de un un mecanismo para el ingreso de paquetes con medicinas, alimentos no perecibles y útiles de aseo.
- Se mejoró la ración alimentaria para que los internos puedan fortalecer su nutrición y enfrenten en una mejor condición cualquier amenaza a su salud.
- Se gestionó que las Fuerzas Armadas y la Policía se ubiquen en los perímetros de los penales para garantizar la seguridad externa.
- Se estableció la adecuación de zonas de aislamiento para los nuevos ingresos de internas o internos. En ese sentido, se habilitó un centro para la atención médica de los posibles casos de COVID-19 en el Centro Nacional de Estudios Criminológicos Penitenciarios (CENECP).
- Se solicitó al Ministerio de Salud 13 000 pruebas rápidas y 500 pruebas rápidas a Essalud para los trabajadores y agentes penitenciarios.
- Se gestionó ante el Poder Judicial la asignación temporal del ex establecimiento penitenciario de Lima San Jorge para su habilitación como ambiente de aislamiento sanitario.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos también sugirió al presidente del Poder Judicial que se priorice el procedimiento para la conversión automática de penas de las personas privadas de la libertad en todo el país por omisión de la asistencia familiar.
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Por último, el titular del Minjus pidió al PJ que se continúe brindando atención prioritaria a los mecanismos procesales que inciden en situación de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios como:
a) Beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional.
b) Incidentes de cese o variación de la prisión preventiva judicial, que permiten la reevaluación judicial sobre la continuidad o no de la medida.
c) La libertad inmediata del imputado cuando no se ha dictado sentencia de primera instancia.
A partir de todo ello, Fernando Castañeda saludó la reciente decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que exhorta a los jueces penales de todo el Perú a que revisen la situación jurídica de los procesados y sentenciados que se encuentran en los establecimientos penitenciarios, así como la posibilidad de variar su condición jurídica.
