La Junta de Portavoces del Congreso sesionará este martes 31 de marzo para definir las iniciativas que se abordarán en el primer pleno virtual.
Este encuentro ya había sido anunciado el día de ayer por Manuel Merino de Lama, presidente del Parlamento.
Hoy, luego de una reunión de la Mesa Directiva, se acordó citar para mañana a Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros; y Nelson Shack, contralor general de la República, para hablar sobre el control recurrente.
Además, se comenzará a analizar los proyectos de ley sobre el retiro del 25% de fondos de la AFP debido al estado de emergencia decretado por el Gobierno para contener la expansión del coronavirus en el Perú.
El Legislativo oficializó el fin de semana la modificación de su reglamento para que el Pleno y las comisiones se reúnan de manera remota en circunstancias de gravedad que impidan la participación presencial de los congresistas, funcionarios y trabajadores.
En la resolución, oficializada el sábado 28 de marzo, también se especificó que los voceros trasladarán los votos nominales de los miembros de cada bancada para efectos de la verificación del quórum y los votos parlamentarios.
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La Junta de Portavoces está integrada por los miembros de la Mesa Directiva del Congreso y un portavoz de cada grupo parlamentario. Los actuales miembros son:
- Manuel Merino de Lama
- Luis Alberto Valdez
- Guillermo Aliaga
- María Teresa Cabrera
- María Céspedes Cárdenas
- Lenin Checco
- Diethell Columbus
- Rennán Espinoza
- Otto Guibovich
- Fernando Meléndez
- Francisco Sagasti
- Daniel Urresti
- José Vega Antonio
El Parlamento disuelto aprobó una norma sobre el desempeño policial, cuestionada por la Defensoría, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
El Ejecutivo dejó pasar el plazo sin observarla y la nueva gestión del Congreso la publicó en El Peruano.
La nueva ley 31012 señala que el Poder Judicial no podrá dictar mandato de detención preliminar o prisión preventiva contra un agente policial que ocasione muerte o lesión a través del uso de armas o medios de defensa en forma reglamentaria, es decir “en cumplimiento de su función constitucional”.
Esta disposición viene siendo criticada por diferentes organismos defensores de los derechos humanos y otras autoridades políticas.