AP, APP y Podemos defienden ley para la impunidad policial

Pese a los cuestionamientos y advertencias sobre su carácter inconstitucional, los representantes y voceros de Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP) defienden la promulgación de la ley 31012, norma que impide a los jueces ordenar detención preliminar o prisión preventiva contra policías que cometan excesos en el ejercicio de sus funciones mediante el uso de sus armas.

“¡Es tiempo que a la Policía se le dé facilidades y no vayan con las manos atadas!”, respondió ayer a La República el vocero de AP, Otto Guibovich. El acciopopulista alega que los efectivos solo apelarán a las armas en el “uso del reglamento”.

Todavía no queda esclarecido por qué el presidente del Congreso, Manuel Merino, promulgó esta ley con tanta agilidad. Se trata de un texto aprobado por el Congreso disuelto.

Los aliados del titular del Legislativo sostienen que no había otra opción. El vicepresidente de la Mesa Directiva, Luis Valdez, dijo que, según el artículo 108 de la Constitución, en vista que la ley 31012 nunca fue observada por el Ejecutivo, la promulgación era inminente.

Por su parte, el vocero de Podemos Perú, Daniel Urresti, defendió ayer la ley en Twitter: “¡Advertidos están, delincuentes!”.

Fuentes del Gobierno refirieron que la ley 31012 recién fue derivada al Ejecutivo el 15 de setiembre del 2019. Es decir, dos semanas antes de la disolución del Congreso. De ahí, en medio de la turbulencia política posterior al cierre del Parlamento, la norma pasó por alto.

El Ejecutivo tenía entonces dos semanas para observarla, pero no lo hizo. La misma fuente informó que vienen investigando por qué no tomaron medidas: “Estamos viendo qué pasó exactamente y, sobre todo, lo que vamos a hacer”.

Desde Palacio no descartan una demanda de inconstitucionalidad, como lo hicieron en su momento contra la ley Mulder.

De hecho, el Ministerio de Justicia envió en mayo del 2019 un oficio al Congreso descalificando el texto de la norma que ahora fue promulgada.

Desde la Defensoría, el adjunto en Derechos Humanos, Percy Castillo, había anunciado un pronunciamiento institucional que aún no ha salido.

En el Parlamento, las bancadas que no apoyan esta norma son el Frente Amplio, Unión por el Perú y el Partido Morado. El FA emitió un comunicado el sábado, anunciando que propondrán una acción de inconstitucionalidad y un nuevo proyecto legislativo que derogue el dictamen promulgado.

La congresista Mirtha Vásquez (FA) calificó a esta polémica norma como la “ley de gatillo fácil” y cuestionó que se elimine el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.

El vocero de UPP, José Antonio Vega, considera que el Ejecutivo debió observarla, pues, pese a que el país afronta una coyuntura difícil por la pandemia del coronavirus y rige el aislamiento social obligatorio, “no estamos en estado de guerra, estamos en un momento de emergencia, no hay la necesidad de usar las armas”.

Exhorta

Control difuso. El Instituto de Defensa Legal (IDL) emitió un comunicado exhortando a los jueces a no aplicar la ley 31012, en cumplimiento de su potestad para poder hacer control difuso de las normas.

Inconstitucional. La citada organización también subraya que la citada norma va en contra de la Constitución y es un peligro de impunidad.

Declaraciones

Rocío Silva Santisteban. Frente Amplio: “Estamos consultando con constitucionalistas para ver la vía constitucional de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (contra la llamada ley de protección policial)”.

Francisco Sagasti. Partido Morado: “La Policía debe recibir el apoyo de la ciudadanía, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar que no se produzcan excesos y que no se genere impunidad. Estamos viendo qué podría hacerse”.